«Estoy desesperada, necesito ayuda con mi padre enfermo»

Con 65 años, Joaquín Morilla Vega ha sufrido tres infartos de miocardio, un infarto cerebral y un derrame cerebral. Debido a las secuelas que le han quedado, la Seguridad Social concedió a este antiguo vendedor de telas la gran invalidez en el año 2011. El día a día de este viudo cambió de forma radical debido a su delicado estado de salud. De ser totalmente autónomo, pasó a perder movilidad y hoy por hoy necesita el andador en los trayectos cortos y la silla de ruedas para los largos, se desorienta en la calle y no puede realizar solo las actividades cotidianas de casa, asegura su única hija Ana Morilla quien solicitó Ley de Dependencia en 2011.

Sin embargo, la Junta de Andalucía dictaminó en junio de 2012 que su caso no estaba incluido en la ley. En el documento, se alegaba «que para la valoración de discapacidad se aplican baremos diferentes que para valorar la dependencia», algo que Ana no se explica teniendo certificado un 71% de discapacidad física y psíquica. Pese a todo, a los dos años -el plazo que marca la ley- y en vista del empeoramiento de la salud de su padre, Ana solicitó una revisión. Y esta vez, casi dos años después, en abril de 2016 le llegó la carta con la resolución de que a su padre le correspondía el Grado II de dependencia severa. «Desde que empezamos hace cinco años, esto ha sido un calvario burocrático; estoy desesperada, necesito ayuda con mi padre enfermo», dice esta visitadora médica que está pagando a dos personas para que Joaquín no se quede solo en casa.

Pero el calvario de plazos y papeleo de esta familia malagueña no termina aquí. Joaquín está a la espera de que le adjudiquen la prestación de diez horas semanales de ayuda a domicilio acordada con un trabajador social encargado de elaborar el Programa Individualizado de Atención (PIA), pero desde junio siguen sin noticias. Según fuentes de los servicios sociales comunitarios, el PIA está ahora en manos de la Junta a la falta de que se dicte resolución, mientras que desde el Gobierno andaluz señalan que el informe se devolvió para que se le pidiese a la familia más documentos. En uno y otro caso, señalan que están «dentro de plazo». Joaquín y Ana son un ejemplo de las dificultades presenta muchas veces en el farragoso engranaje del sistema. Para Joaquín y Ana, la Ley de Dependencia es solo una promesa que no llega.