Una auditoría destapa «falta de control» en el Palacio de Congresos de Torremolinos

La auditoría externa del Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, realizada con motivo de la liquidación de la empresa pública, cuya gestión ha pasado a ser competencia directa del Ayuntamiento, destapa decenas de debilidades, deficiencias e incumplimientos de la ley. El informe analiza el período comprendido entre enero y octubre del año pasado, aunque los auditores hacen hincapié en la falta de información proporcionada por la ya extinta sociedad municipal. El Palacio no ha cumplido con su obligación de registrar un libro de actas y arrastra «falta de control de gastos» y contratos firmados «fuera de la ley». Entre los incumplimientos señalados por el documento, al que este periódico ha tenido acceso, figura un servicio de conserjería y vigilancia contratado con Samset, otra empresa municipal. Los auditores aseguran que ha sido imposible verificar la prestación de estos servicios porque en «numerosas visitas» nunca han encontrado a personal de Samset cubriendo estos puestos.

Los auditores recomiendan una valoración de los puestos de trabajo para elaborar un organigrama del Palacio y mantener «una correcta organización que proporcione los niveles de eficiencia y eficacia necesarios en empresas públicas». El informe destaca que no se han justificado las retribuciones de dos empleados en relación al convenio colectivo y destapa que el Palacio tiene cedido locales a terceros ubicados en sus instalaciones de forma gratuita, algo que incumple, siempre según los auditores, el reglamento que recoge las obligaciones de facturación. La auditoría también señala que el exgerente, cesado en junio de 2016 tras ocupar el cargo desde 1999 e indemnizado con 37.900 euros, recibió dietas por valor de 426 euros el año pasado «sin que hayamos visto documentación justificativa».

Aunque el documento analiza los diez primeros meses de 2016, muchas de las debilidades y deficiencias detectadas se arrastran desde años atrás. Los auditores advierten de que el Palacio necesita un sistema de control interno administrativo para medir el estado de ejecución de su presupuesto, con el objetivo de anticiparse a posibles pérdidas y mantener actualizados los pagos a proveedores y otros gastos. También se recomienda «una mayor disciplina de acceso a los archivos» para dejar constancia de los documentos extraídos y facilitar la búsqueda de información. En cuanto a la plantilla, los auditores aseguran que resulta necesario efectuar un estudio del trabajo desempeñado para optimizar el proceso administrativo.

Entre las deficiencias también se señalan la falta de un manual escrito de ventas que detecte fisuras en los circuitos contables y el establecimiento de mecanismos para revisar de forma periódica los créditos «de dudoso cobro» y proceder a su reclamación. El Palacio «no lleva un control» de los gastos relacionados con los eventos, para los que tampoco existen presupuestos concretos. Esta situación ha provocado que las principales actividades realizadas en el recinto arrojen pérdidas. Esta falta de liquidez ha sido precisamente el motivo de la liquidación de la empresa municipal.

Tras disolver la sociedad, el Ayuntamiento de Torremolinos gestiona de forma directa el Palacio, un nuevo escenario que incluye el mantenimiento de las actividades del recinto y la subrogación de los más de veinte empleados que trabajan en sus instalaciones. Tras las pérdidas registradas en 2013 y 2014, Hacienda instó a la disolución del consorcio en base a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En un escrito remitido al Consistorio el pasado verano, el Ministerio recordaba que, tras acumular pérdidas durante dos años consecutivos, el Palacio de Congresos debería haber puesto en marcha un plan de corrección de su desequilibrio económico antes del 31 de diciembre de 2014. La falta de este plan financiero no daba margen de maniobra al actual consejo de administración, cuya junta general acordó la disolución de la sociedad.

Los tres principales eventos del Palacio en 2016 arrojaron cerca de 45.000 euros de pérdidas. El Palacio, que sobrevive por las subvenciones otorgadas desde el Ayuntamiento, maneja cada año un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros. La nueva gestión se enfrenta al reto de la rentabilidad de las actividades organizadas por este recinto y a su reactivación como eje de los congresos y las exposiciones en la Costa del Sol.