Una jueza mantiene la acusación contra Salido por malversación en el caso del comedor social

El Juzgado de Instrucción número cinco de Torremolinos ha acordado la continuación de la tramitación de las diligencias previas abiertas por el caso del comedor social de Benalmádena, con más de 251.000 euros de subvenciones municipales sin justificar. La jueza considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos públicos y de malversación de caudales públicos por parte el exprimer teniente de alcalde, Francisco Salido, presidente del partido local Unión Centro Benalmádena e impulsor del comedor social. Salido permanece imputado por estos supuestos delitos, aunque no por tráfico de influencias «al no haberse acreditado su comisión, sino simplemente presiones que podrían calificarse como delito leve de coacciones y que habrían prescrito».

El caso fue destapado en 2014 por el Área de Intervención del Ayuntamiento de Benalmádena y denunciado por que la exnúmero dos de Salido y actual concejala del equipo de gobierno, Encarnación Cortés. En su primer informe, el interventor constataba las relaciones familiares entre Salido y los responsables de la asociación y revelaba que gran parte de los gastos del comedor, que entre 2011 y 2014 recibió más de 320.000 euros de subvenciones públicas, no habían sido debidamente justificados. El segundo informe destapaba que la asociación disponía, al menos, de dos cuentas bancarias con las que operaba en entidades distintas y que solo había presentado los movimientos de una de ellas. El tercer documento concluía que la asociación «no justifica la entrega de ninguna comida» y tachaba de «inadmisible» la documentación aportada por sus responsables. Desde la apertura de diligencias previas han declarado numerosos testigos, entre ellos la exalcaldesa, Paloma García, que admitió haber presenciado presiones al interventor por parte de Salido.

La jueza que lleva el caso ha archivado de forma provisional las causas abiertas contra el exnúmero dos de UCB, José Manuel López Merino, y contra un hermano de Salido al considerar que los hechos que se les imputaban a ambos «no son constitutivos de ilícito penal». Por el contrario, se mantienen las diligencias previas abiertas contra el cuñado de Salido, el tesorero de la asociación y su presidente, todos ellos investigados por supuesta malversación de caudales públicos. En total, son cuatro los imputados por este caso, trasladado a la Fiscalía.

La documentación entregada por el comedor social revela una presunta manipulación de los listados de beneficiarios, ya que aparecen como usuarios un fallecido y un preso, entre otros casos significativos. UCB, el partido de Salido, fue llave de gobierno en la anterior legislatura y se quedó sin representación municipal en 2015 tras varios escándalos.