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Alberto Gómez
Martes, 10 de enero 2017, 00:52
La denuncia de un veterinario de Parque Animal, que aportó varias grabaciones realizadas por teléfono móvil para evidenciar que los animales estaban siendo sacrificados de forma injustificada, fue el punto de partida de una larga investigación por parte de la Guardia Civil. Durante una inspección en 2010, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) encontró congeladores con 44 gatos, siete perros, una gaviota y dos cajas con despojos de carne troceada. Los agentes concluyeron que algunos de estos animales habían sido congelados antes de su fallecimiento porque «no presentaban rigor mortis». En la última sesión del juicio contra Carmen Marín y su ayudante, los agentes del Seprona confirmaron el estremecedor relato de los hechos. El caso ha generado una enorme expectación incluso a nivel internacional y medios de todo el mundo, como The Guardian, recogían ayer la sentencia.
Estas declaraciones resultaron claves en el caso, cuyo juicio se celebró mediante sesiones públicas pese a los reparos de la defensa. El Ministerio Fiscal también basó su acusación en el informe del Seprona, una línea argumental apoyada por casi una veintena de testigos, entre ellos antiguos socios, veterinarios y otros empleados de la protectora. Los agentes también aseguraron que el Ayuntamiento de Torremolinos «no colaboró con la investigación de manera alguna» e incluso devolvió los listados de incineraciones a Carmen Marín, algo que permitió que fuesen «manipulados».
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