La reforma de la LOUA anima a los dueños de casas ilegales a pedir su regularización

La modificación la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) incorporando medidas en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, casas que no podían aspirar más que a la demolición, ha supuesto un importante revulsivo para los propietarios de estas viviendas, muchos de los cuales han iniciado ya los trámites para regularizar sus propiedades. La reforma, en vigor desde agosto de este año, beneficia a las viviendas construidas en pequeñas parcelas a las cuales se le abre la vía de la regularización solicitando su declaración como Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO). Se trata de una figura contemplada en el Decreto de Regularización 2/2012, un régimen jurídico especial que posibilita una regularización administrativa y jurídica para aquellas construcciones que se realizaron sin licencia municipal, que incumplían alguna normativa urbanística o que se realizaron en suelos rústicos donde no se podía edificar.

Aunque la obtención de la declaración como AFO en ningún caso supone la legalización de la vivienda, para los propietarios representa la salvación de sus casas, ya que antes de la modificación de la LOUA estaban afectados por la «imprescritibilidad». Es decir, suponían una infracción urbanística que nunca prescribía. Así las cosas, si alguno solicitaba su regularización en los ayuntamientos, estos sólo podían resolver la demolición.

«Si los dueños hubieran solicitado su declaración como AFO antes de esta reforma legislativa, lo único que podíamos hacer, por imperativo legal, era dictar su demolición, ya que las construcciones en parcelaciones ilegales no prescribían», señala el alcalde de Alcaucín, Mario Blancke, cuyo Ayuntamiento, sobre el que pesa como una losa el 'Caso Arcos' contra la corrupción urbanística que actualmente se está juzgado en la Audiencia Provincial, tiene en espera de resolver más de 30 solicitudes de AFO, todas ellas presentadas desde la entrada en vigor de la ley 6/2016.

«La mayoría de los solicitantes son nuevos propietarios, personas que han adquirido alguna de estas casas y que quieren tener sus propiedades regularizadas», explica Blancke, que es además miembro de la asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (SOHA), integrada por casi medio millar de dueños de viviendas irregulares, entre residentes y españoles, cuyo objetivo es legalizar las edificaciones de los compradores de buena fe.

El certificado de AFO permite a los dueños poder inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua.

Tramite largo

El proceso para regularizar estas casas no es fácil, y mucho menos rápido. Así, según el alcalde de Alcaucín, sólo para obtener las autorizaciones administrativas necesarias previas al inicio de la tramitación se necesita un mínimo de unos tres meses.

«Primero, el propietario deben debe solicitarlo. Después el pleno del Ayuntamiento, que debe tener al menos el avance del PGOU, propone la nulidad de la licencia, si es que la tiene, aunque no responda la legalidad. Se envía el acuerdo plenario al Consejo Consultivo. Una vez pronunciado este órgano, el pleno debe confirmar la nulidad y sólo entonces se puede iniciar al tramitación, aunque el propietario debe presentar un proyecto idéntico al de una vivienda nueva», explica Blancke.

El procedimiento se puede prolongar durante cerca de un año, teniendo en cuenta que los ayuntamientos de los pueblos pequeños no cuentan con un técnico todos los días de la semana para facilitar la tramitación de estos expedientes. En los consistorios de mayor tamaño, dotados de equipos técnicos en su plantillas de personal, el proceso tampoco se acorta, a pesar de que la declaración de AFO es una competencia de los ayuntamientos.

Alcaucín ha podido iniciar este procedimiento gracias a que cuenta con una avance de PGOU aprobado y adaptado a la LOUA y al Decreto 2/2012. No sucede lo mismo con los municipios que todavía no cumplen con este requisito. Para no privar a los dueños de estos pueblos del derecho a solicitar el AFO, la propia Ley 6/2016 establece que los ayuntamientos deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance de planeamiento, y que en caso contrario será la Junta quien de oficio lo redacte.

Según Blancke, en el caso de Alcaucín, estos expedientes no están representando ningún ingreso extra para el Consistorio, ya que se está compensando a los propietario la licencia abonada en su día. «Además son expedientes que están absorbiendo casi por completo el trabajo de los técnicos y juristas del Ayuntamiento, por lo que en la práctica son trámites que cuestan dinero a las arcas municipales», asegura el alcalde de la localidad axárquica.

Según la Junta, la reforma de la LOUA puede facilitar la regularización del 10% de las 300.000 viviendas irregulares que se calcula que hay en Andalucía, gran parte de ellas en las provincias de Almería y Málaga.