Tres años y medio de cárcel al ex director de la Faffe por la contratación «ilegal y grosera» de un ex alcalde socialista

La contratación, según refleja la sentencia, se produjo por la «sola voluntad, amistad y afinidad política» de Villén con el ex alcalde, que percibió de los fondos públicos de los que se nutría la Faffe de 359.973,51 euros a pesar de que «no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno».

Se trató, según el tribunal, de una contratación es ilegal, grosera, basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad».

En la sentencia, que ha sido notificada este miércoles, el tribunal condena al ex director general técnico de la extinta Faffe a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. El tribunal ha tenido en cuenta la concurrencia en ambos delitos de la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Asimismo, la Sección Tercera condena al exalcalde a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, también con la atenuante simple de dilaciones indebidas.

Además, los dos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 359.973,51 euros, que fue la cantidad percibida por el ex alcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según establece la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los magistrados consideran probado que, tras las elecciones municipales de 2003, en la que Torres perdió la Alcaldía de Lebrija tras 24 años en el cargo, acudió directamente a Villén para pedirle trabajo, a lo que el director de la fundación pública accedió «con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe», tarea innecesaria ya que el organismo era financiada con numerosas subvenciones a la formación provenientes de fondos públicos.

La sentencia añade que no consta que el ex alcalde asumiera esas tareas de índole financiera y tampoco que tuviera las aptitudes necesarias para hacerlo. A pesar de ello, «exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo», a lo que accedió Villén accedió, e «impuso sus condiciones salariales».

Los magistrados consideran probado que como el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba el puesto, el director «creó uno ad hoc, que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas», un departamento que, según indican en la sentencia, «es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito», y de hecho el acusado «no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno».

La Sección Tercera considera probado que, «a pesar de ello», el ex alcalde «se hizo con una tarjeta de visita o presentación en la que constan sus datos personales y el nombre, cargo y anagrama de la Fundación, con el logotipo de la Junta de Andalucía», indicando en este punto que el encausado «no tenía más dependencia jerárquica y funcional» que la del ex director de la Faffe.

Según aseveran los magistrados, el ex alcalde de Lebrija «nunca se integró en el Comité Directivo ni en la estructura orgánica de la Fundación, no acudió a ninguna de sus sesiones, no acudía a trabajar a la sede de la Fundación, al punto que era desconocido por otros trabajadores y directivos».

Tal y como explica la Audiencia, este acusado fue contratado el 1 de julio de 2003, «suscribiendo el acusado Fernando Villén personalmente el contrato», como gestor de Recursos Municipales con categoría de Mando, un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efecto 1 de diciembre de 2004 como directivo, con una retribución de más de 40.000 euros anuales, encontrándose así de alta como empleado en la Faffe hasta su extinción y su integración (3 de mayo de 2011) en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

«Los escasos trabajos -reducidos a contactar con algún político o autoridad en diez años que desempeñó las funciones, hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el SAE y sus relaciones jurídicas se subrogaron en las mismas- los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail», ponen de manifiesto los magistrados.