La Junta habilita un teléfono para asesorar a los propietarios de viviendas ocupadas de forma ilegal

La Junta de Andalucía habilitará un teléfono gratuito (900 100 112) a partir de la próxima semana para la atención de personas propietarias de viviendas que hayan sido ocupadas de forma ilegal. Este es el primer paso acordado por el Gobierno de PP y Cs en un plan para convertir Andalucía en un «territorio libre de okupas», que se enmarca dentro del acuerdo con Vox para el apoyo presupuestario y que parte del mandato del Parlamento en una proposición no de ley al respecto apoyada por los citados partidos.

La Junta de Andalucía no tiene competencias legislativas para obligar al desalojo. El plan diseñado desde el gobierno autonómico lo que busca es asesorar y guiar a los propietarios, que «tengan la desgracia» de ver sus viviendas ocupadas, en los vericuetos legales para conseguir cuanto antes recuperar la propiedad. El plan parte de un grupo de trabajo o mesa de coordinación constituida ayer por las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con la presencia de sus titulares: Juan Marín, Elías Bendodo y Marifrán Carazo, respectivamente.

El también vicepresidente de la Junta, Juan Marín, explicó que el teléfono pondrá en contacto a quien llame con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento, donde «se localizarán todas las actuaciones dentro de las intervenciones que haya que realizar para desalojar de forma inmediata a los 'okupas' de estas viviendas que, en muchos casos, no son solamente habituales, sino segundas residencias».

Carazo abundó, por su parte, que su departamento ha detectado un aumento de las mafias que se dedican a la ocupación ilegal de pisos.«Hay que evitar la ocupación ilegal que provoca inseguridad a los propietarios legítimos y, sobre todo, graves problemas de convivencia», dijo la consejera. Expone que en Andalucía ha habido 1.183 casos el primer semestre de este año, unos siete al día, aunque según datos del Gobierno a una pregunta del PP este otoño en el Congreso, el porcentaje es inferior en algo más de un 4% al del mismo periodo del pasado año.

El teléfono es el primer paso del plan antiocupas diseñado por las tres consejerías con competencias en vivienda (Fomento), interior (Presidencia) y justicia (Vicepresidencia). Fomento canalizará las denuncias, Presidencia hará gestiones en materia de Interior con las Fuerzas de Seguridad del Estado para que las policías intervengan en las primeras horas; y Justicia hará lo mismo con las del sistema judicial, para agilizar la orden de desalojo que solo puede obligar un juez. Para ello, la Junta utilizará en primera instancia el mismo organismo ideado en la etapa del gobierno de coalición del PSOE-IU para auxiliar a las víctimas de desahucios de sus hogares por impago de hipotecas. Una situación que suscitó una gran alarma social en la anterior crisis económica.

La Junta creó el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID), mecanismo que ofrece información personalizada para los sectores de población que corren riesgo de perder su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a una. A partir del 1 de enero este sistema permitirá también dar asesoramiento para los casos de ocupación de viviendas, para lo que la Consejería de Fomento aprobará una orden que amplíe atribuciones del sistema. El consejero de Presidencia y Portavoz, Elías Bendodo, ha asegurado que las nuevas competencias no irán en detrimento de las anteriores, sino que serán compatibles. En ambos casos, los solicitantes recibirán asesoramiento jurídico gratuito.

El nuevo Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda funcionará en cada delegación provincial. A la misma podrá dirigirse un ciudadano que sea víctima de una ocupación ilegal de su casa, se le ofrecerá atención personalizada y se le orientará sobre las medidas que puede adoptar de carácter inmediato y las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma, además de asistencia jurídica gratuita.