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La Junta de Andalucía y el Gobierno central han logrado un acuerdo que despeja el futuro de la nueva Ley de Suelo autonómica y evite de esta forma el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado contra parte del contenido de dicha norma, según confirmaron fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda
El Gobierno central discrepaba sobre la constitucionalidad de 42 artículos y algunas disposiciones de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), uno de los proyectos estelares del Ejecutivo de Juanma Moreno en la pasada legislatura para dinamizar el urbanismo e impulsar el desarrollo en los municipios andaluces.
Este acuerdo final da por zanjadas las discrepancias que versaban sobre la interpretación y aplicación de algunos preceptos que eran cuestionados por la Adminsitración del Estado conforme a la legislación básica, por lo que se contempla el compromiso de modificarlos a través de una disposición adicional de la ley, además de tenerse en cuenta en el futuro reglamento, en fase de tramitación.
El acuerdo, que tnedrá que publicarse ahora en el Boja, se alcanzó en el marco del grupo de trabajo que crearon ambas administraciones dentro de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, valoró el acuerdo que consideró de «gran trascendencia, dado que evita el recurso de inconstitucionalidad del Estado y refuerza la seguridad jurídica de la norma que regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía desde el pasado mes de diciembre». A su juicio, « se trata de una solución muy simple que no afecta para nada al contenido de la ley porque, como ya dijimos, la ley no vulnera ninguna competencia ni normativa en vigor».
La ley del suelo se enfrenta todavía a un último escollo legal correspondiente al recorrido que pueda tener el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, que fue admitido a trámite por el TC.
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