Expresidente de Cajasol afirma que no está siendo investigado por lo de Banca Cívica

El expresidente de Cajasol y ahora presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, insistió ayer en que «en ningún momento ningún juez ni órgano jurisdiccional» le ha comunicado que figure como imputado en relación con la instrucción sobre supuestas irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica.

Pulido remitió ayer tarde un comunicado a los medios, después de que el portavoz de Economía de Unidos Podemos, Alberto Montero, señalara que el expresidente de Cajasol mintió cuando compareció en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario. Montero señaló ayer a Efe que Pulido mintió ya que la Audiencia Nacional ha confirmado telefónicamente que el procedimiento de investigación al expresidente de esta caja sigue abierto, y por lo tanto está imputado.

En el comunicado, según recoge Efe, el expresidente de Cajasol asegura que «en ningún momento ningún juez ni órgano jurisdiccional» le ha comunicado resolución judicial alguna en la que se establezca que se halla «en situación de persona investigada, en los términos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal», en relación con las actuaciones judiciales abiertas por el proceso de fusión de Banca Cívica.

Añade que tampoco ha sido llamado a declarar ni ha sido objeto de requerimiento judicial alguno relativo a dichas actuaciones, que tienen su origen en una denuncia dirigida contra el Consejo de Administración de Banca Cívica, cuyo archivo ha sido decretado ya dos veces por la Audiencia Nacional.

Recuerda que a raíz de dicha denuncia, por voluntad propia, su representación procesal ejerció el derecho a personarse en las actuaciones, a los simples efectos de tener conocimiento de ellas y, en su caso, de ejercer su derecho a la defensa.

Pulido señala que dicha personación «no puede, en modo alguno, interpretarse en el sentido de estar siendo sometido a imputación alguna de hecho delictivos», extremo que fue el que expresó en el Congreso, «en la convicción de estar contestando la verdad de los hechos», en cumplimiento de la ley y del debido respeto y consideración a la Cámara.