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El Gobierno andaluz puso en marcha este viernes la Comisión de Seguimiento de la Sequía, un gabinete de crisis que analizará periódicamente la situación por la falta de agua y las actuaciones a seguir para superarla. En las próximas dos semanas, la Junta estudiará si amplía los dos decretos de sequía aprobados durante la legislatura pasada, que prevén una inversión de 141 millones de euros, lo que supondría poner en marcha alguna actuación más. Actualmente, esas actuaciones se encuentran al 48 por ciento de ejecución. También concretará que peticiones realizará al Gobierno central, aunque da por hecho que incluirá un aumento en la inversión en la cuenca del Guadalquivir y un incremento en la capacidad de las desaladoras.
La escasez de agua provocada por la falta de lluvias se ha convertido ya en una de las principales preocupaciones del Gobierno andaluz y apunta a situarse en el centro de su agenda política y también de sus controversias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, en cuya primera reunión participó este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, explica la importancia que el Gobierno andaluz concede a este problema. En este gabinete de crisis participan responsables de las consejerías de Presidencia, Agricultura, Desarrollo Sostenible, Fomento, Política Industrial y Turismo; las dos últimas, por la repercusión de la falta de agua en la actividad económica.
La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, explicó que los decretos ya en marcha se pueden ampliar. «La orden que ha dado en la comisión de seguimiento el presidente es que se ampliaría si es necesario ese decreto de sequía para abordar alguna obra de emergencia adicional».
Según los datos analizados en la reunión, los embalses andaluces se encuentran ya por debajo del 25 por ciento. Por ese motivo, se han dado quince días, hasta la próxima reunión, para plantear si son necesarias más actuaciones de emergencia. Asimismo, en ese periodo de tiempo se van a terminar de perfilar las peticiones más urgentes que se dirigirán al Gobierno central. De momento, está decidido que solicitarle que aumente su decreto de sequía, que destinaba una inversión de alrededor de 9,6 millones a la Cuenca del Guadalquivir, y dar más capacidad a las desaladoras a través de una apuesta por bastidores de emergencia.
Crespo recordó, como lo hacen los miembros del Ejecutivo andaluz en cada oportunidad, que el Gobierno central tiene competencias sobre el 67% de la Cuenca del Guadalquivir, e insistió en comparar una vez más los 141 millones invertidos por la Junta de Andalucía y los 9,6 destinados desde el Gobierno de Pedro Sánchez. «Les vamos a pedir que el decreto de sequía se aumente. Es muy poca cantidad para un Guadalquivir con necesidad y con una sequía pertinaz extrema», dijo la consejera.
Entre las peticiones previstas figuran «sondeos de emergencia» y la posibilidad de balsas. La consejera quiso dejar claro que la formulación de estos reclamos no debe entenderse como una intención por parte de la Junta de Andalucía de abrir un frente de confrontación, y advirtió de que la falta de agua en Andalucía no es un problema coyuntural, sino que se trata de una cuestión estructural. Por ese motivo, según explicó Crespo, el presidente andaluz ha pedido a sus consejeros que «arrimen el hombro» aun en aquellas cuestiones en donde la Junta no tenga competencias.
La consejera de Agricultura también hizo referencia al acuerdo de la Comisión Central del Acueducto Tajo-Segura para autorizar un trasvase desde la cuenca cedente de 7,5 hectómetros cúbicos para septiembre, que se destinarán únicamente a abastecimiento humano, una decisión que ha instado a repensar por el impacto que tendrá para la agricultura del norte de la provincia de Almería.
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