La Audiencia de Sevilla reabre la causa de los avales de la agencia IDEA

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la causa por las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos a determinadas empresas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta, según el auto de su Sección Primera notificado este lunes a las partes.

La Audiencia sevillana estima de esta forma el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, al que se adhirió la acusación popular ejercida por el PP, contra el auto en el que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones incoadas.

La Audiencia ordena ahora que se practiquen las diligencias solicitadas por la Fiscalía y consistentes en la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las ayudas objeto de investigación y la elaboración de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), tal y como ya acordó anteriormente este tribunal en varios autos.

La Fiscalía sostuvo en su recurso que los argumentos de la juez para justificar el sobreseimiento provisional por «desvanecimiento» de los indicios de la comisión de hechos delictivos «no disipan los indicios que se desprenden» de la investigación de la UCO sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación por haberse hecho en el seno de IDEA «un uso ilícito de las ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento de empresas a través de las figuras de avales ante entidades financieras en garantía de préstamos como medio para hacer llegar fondos a determinadas empresas de manera irregular».

La juez basó el sobreseimiento y la falta de indicios de delitos en los informes aportados a la causa por el personal de IDEA y el informe pericial de la que ex interventora general de la Junta. Según la Fiscalía, el resultado del informe pericial practicado y el contenido de los informes aportados por personal de IDEA «no justifican» el sobreseimiento acordado, ya que la juez «no ha tenido en cuenta otras diligencias que obran en las actuaciones y de las que se desprenden indicios de que los hechos pudieran ser constitutivos de los referidos delitos», a lo que se suma que el alcance de la pericial practicada es «más reducido que el objeto de las presentes diligencias», sobre todo cuando, para su elaboración, la que fuera interventora general de la Junta «tan solo ha tenido en cuenta la incompleta documentación obrante en los expedientes de concesión de las ayudas a 18 empresas, quedando fuera del objeto de la pericia cuestiones decisivas para el esclarecimiento de los hechos».

Según la Fiscalía, el objeto de la causa «no se ciñe exclusivamente a la investigación de cinco irregularidades concretas», como son la simultaneidad de las ayudas de salvamento y reestructuración; el incumplimiento del requisito de aprobación por el Consejo Rector, y en su caso, por el Consejo de Gobierno; la superación del crédito presupuestario, o el incumplimiento de la normativa comunitaria y del requisito de publicidad, «sino que es más amplio» y abarca «el empleo por parte de personas vinculadas a IDEA o a la Consejería de la figura de los avales previstos como incentivos para empresas en crisis como medio para hacer llegar fondos públicos a determinadas empresas de manera absolutamente arbitraria e injusta».

«Lo que se investiga, según el sentido de los distintos autos que se han ido dictando en la causa, es el uso del paraguas formal de los avales como medio para inyectar fondos públicos de manera continuada y presuntamente ilícita a favor de determinadas empresas», refleja la el Ministerio Público en su recurso, que añade que la decisión de la juez no debería suponer «excluir de la investigación el resto de irregularidades que se pudieran haber cometido presuntamente en la concesión de este tipo de ayudas, puesto que esto era el auténtico objeto de investigación».