Los asuntos registrados en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos aumentaron un 44% en 2021

Así lo ha puesto de manifiesto el director del Consejo, Jesús Jiménez, quien ha comparecido este jueves en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento para presentar el Informe de Actuación 2021 y desgranar las principales líneas de actuación y proyectos desarrollados en el citado periodo.

Según ha informado el Consejo de Transparencia en una nota, Jiménez ha comenzado su intervención destacando el número de reclamaciones y denuncias resueltas, que ascendieron a un total de 1.260, cifra que ha supuesto casi el doble (92%) en relación al año anterior. Por materias, 1.030 correspondieron a reclamaciones de derecho de acceso, 146 a denuncias de publicidad activa y 84 a reclamaciones de protección de datos.

Por áreas, la de Transparencia registró 849 asuntos, 627 reclamaciones de Derecho de Acceso a la Información Pública (90%), 76 denuncias de Publicidad Activa (9%) y doce consultas (1%).

Por gabinetes, las reclamaciones de Derecho de Acceso a la Información Pública fueron presentadas en un 35% por personas jurídicas frente a un 65% de personas físicas, siendo el desglose entre hombres y mujeres de un 84% y un 16%, respectivamente. Las personas jurídicas se dividieron entre Administración Pública, asociaciones, concejales, empresa, organizaciones políticas y sindicales y otras.

En cuanto al perfil de los órganos reclamados, los entes locales fueron los más reclamados por la ciudadanía (73%), seguidos de la Junta de Andalucía (23%). Por provincias, Sevilla (22%), Málaga (20%), Cádiz (19%) y Granada (12%) fueron las más reclamadas, seguidas de Huelva (10%), Jaén (9%), Córdoba (4%) y Almería (3%). Con respecto a las consejerías, Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible (22%), Educación y Deporte (19%), Salud y Familias (17%) y Presidencia, Administración Pública e Interior (14%) fueron las que coparon el mayor número de reclamaciones presentadas.

Las reclamaciones resueltas ascendieron a 1030, que dieron lugar a 874 resoluciones -al resolverse algunas de forma acumulada-, entre las que el 86% fueron admitidas y el 14% inadmitidas. Las resoluciones favorables para la ciudadanía representaron el 77% del total, por lo que tres de cada cuatro reclamaciones presentadas vieron satisfechos su deseo de conocer la información pública que demandaban a la administración correspondiente. En relación al cumplimiento de las resoluciones dictadas en 2021, el 72% ya están cumplidas, el 26% están en curso y el 2%, incumplidas.

En el Gabinete de Publicidad Activa, las personas denunciantes fueron en un 38% jurídicas y en un 62%, físicas. Entre estas últimas, un 11%, mujeres y un 89%, hombres. Las personas jurídicas fueron mayoritariamente asociaciones (59%).

En relación al perfil de los organismos denunciados, de nuevo son las entidades locales las que reciben un mayor número de asuntos, un 76%, seguidas de universidades públicas, Junta de Andalucía y Corporaciones de Derecho Público. En cuanto a las provincias, Sevilla (36%), Cádiz (22%) y Granada (14%) encabezan la lista, seguidas de Jaén, Málaga y Almería -todas con 6,9%- y Córdoba (5,2%). Las consejerías más demandadas también fueron, al igual que en Derecho de acceso, Presidencia, Administración Pública e Interior y Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Por su parte, se resolvieron un total de 146 denuncias, siendo archivadas el 58% y estimadas, el 49%. Con respecto al porcentaje de cumplimiento de las resoluciones en 2021, el 50% ya se han cumplido, el 35% están en curso y el 15% restante no se han cumplido.

En el área de Protección de Datos se registraron 633 asuntos, siendo el 35% (224), consultas; el 34% (216), comunicaciones de delegados de Protección de Datos; el 25% (157), reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos, y el 6% (36), notificaciones de brechas de seguridad.

Por tipo de reclamación, el 75% correspondió a inadecuada atención al ejercicio de derechos y el 25% a otras reclamaciones. Los órganos reclamados se repartieron en un 43% la administración autonómica y en un 37% la administración local, seguidos de las universidades públicas, otras entidades dependientes del Consejo y otras instituciones fuera de la competencia del Consejo. Por su parte, las resoluciones emitidas ascendieron a un total de 84.

En cuanto a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos (DPD), el 94% pertenecieron a designaciones, el 3% a ceses y el 3% a modificaciones, siendo el 83% de las comunicaciones de las entidades locales. El Consejo puso en marcha en 2020 una campaña informativa para trasladar la obligatoriedad de designar un DPD que continuó en 2021 con unos resultados «muy satisfactorios». A día de hoy ya han comunicado al Consejo su DPD el 68% de los ayuntamientos andaluces.

Por su parte, las notificaciones de «brechas de seguridad» ascendieron a un total de 36, siendo el 69% de entidades locales y el 31% de la administración autonómica. Las consultas, de su lado, se dividieron entre un 43% relacionadas con la autoridad de control, un 33% con responsabilidad proactiva; un 13% con la legitimidad del tratamiento; un 7% con ejercicio de derechos y un 4%, otras.

Por otro lado, en cuanto a los proyectos que se están llevando a cabo en el Consejo, a finales de 2021 se empezó a trabajar en el desarrollo de un nuevo sistema de información para la tramitación totalmente electrónica de los principales procedimientos del organismo, así como gestión y explotación, de forma sencilla, de la información relativa a dichos procedimientos.

Por otro lado, se ha puesto en marcha una herramienta de autoevaluación que permite a los sujetos obligados de la ley tasar el grado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, es decir, si sus páginas web, portales o sedes electrónicas cumplen con las exigencias que marca la normativa y publican la información establecida en la Ley de Transparencia.

Se trata de una herramienta web que facilita la cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación y cuyo resultado es un análisis cualitativo que permitirá «comprobar su grado de adecuación a la legislación de transparencia a la vez que identificar áreas de mejora». Ya están disponibles los formularios de la administración de la Junta de Andalucía, de las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, del Consejo Consultivo, del Consejo Audiovisual y del Consejo Económico Social.

De la misma forma, el Consejo ha lanzado un canal que permitirá atender denuncias por presuntas infracciones cometidas en el funcionamiento interno de la institución, así como denuncias por incumplimientos de su Código Ético. Este canal, que se encuentra a disposición de la ciudadanía y del personal del propio Consejo, está diseñado y gestionado de forma segura y garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia.

Igualmente, se ha dado un impulso y actualizado el Portal de datos abiertos, poniendo a disposición de la ciudadanía toda una serie de «datos abiertos de gobierno» que, elaborados por la propia autoridad de control, se publicarán de forma abierta, regular y reutilizable para todo el mundo sin restricciones de acceso, 'copyright', patentes y otros mecanismos de control.