Comienza la demolición de la parte ilegal de la casa del promotor ruso en Pinares de San Antón

Una excavadora de la empresa Detecsa (encargada de las demoliciones subsidiarias del Ayuntamiento de Málaga) ha comenzado a derribar esta mañana la parte ilegal de la casa del promotor ruso Vladimir Davidovich Beniachvili en Pinares de San Antón, una vez que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha recibido la pertinente autorización judicial, notificada el pasado 1 de diciembre.

Hasta la zona se han trasladado varias unidades de la Policía Local y una excavadora ha procedido a demoler en primer lugar una estructura metálica. La demolición ha comenzado por la zona del garaje y se extenderá a toda la obra ilegal. En estos momentos, otras dos máquinas se encuentran en la pendiente del terreno para proceder a derribar otras de las construcciones ilegales que se extienden por una parcela de unos seis mil metros cuadrados de techo.

Según fuentes de Urbanismo consultadas por este periódico, "solo se va a demoler lo construido ilegalmente". Cabe destacar que el promotor ruso, propietario de los terrenos, no se encuentra presente, aunque sí su mujer que está recuperando objetos personales.

El pasado viernes se le notificó la necesidad de desalojar y retirar de forma inmediata los enseres del interior de la obra ilegal y, esta misma mañana, previo al inicio de los trabajos, se ha notificado a un familiar el inicio de la demolición de las actuaciones llevadas a cabo de manera irregular, según los datos aportados por la Gerencia de Urbanismo en un comunicado. Sin embargo, el propietario no efectuó el desalojo lo que ha obligado a los propios obreros que se están encargando de la demolición a sacar mesas, sillas, televisores y otros efectos de las edificaciones.

"Esto se podía haber hecho de otra manera o haber esperado a la próxima semana", ha señalado a los periodistas el abogado del promotor ruso desde el pasado mes de enero, Fernando Taboada. Según el letrado, han presentado un recurso de aclaración de la resolución judicial para entrar al domicilio que, no obstante, no evitaría la demolición emprendida.

Nuevas actuaciones

El pasado mes de abril, el promotor ruso volvía a desafiar la gestión en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento al realizar nuevos movimientos de tierra en la zona. En aquel momento, la Gerencia Municipal de Urbanismo le envió una orden de paralización de esas nuevas actuaciones consistentes en una especie de caminos que pusieron en alerta a los inspectores de Urbanismo, ya que no estaba claro si se quedaban en eso o darían paso a más edificaciones.

Urbanismo logró notificar la orden de suspensión de estos trabajos al promotor, que recurrió la última orden de demolición de lo edificado ilegalmente, así como la primera multa de 78.000 euros impuesta por el Ayuntamiento por este caso.

El promotor ruso también llegó a recurrir la orden de demolición lanzada por Urbanismo el pasado mes de febrero ante los tribunales de Justicia, lo que dejaba en manos de la decisión de un juez la suspensión o no de la demolición dictada por el Ayuntamiento.

Una vez que la orden de demolición de lo realizado en suelo no urbanizable se ha hecho firme, y dado que el privado no ha derribado lo construido ilegalmente por su propia voluntad y medios, el Ayuntamiento ha solicitado a los tribunales una orden de entrada en domicilio para llevar a cabo de forma subsidiaria el derribo de las edificaciones construidas en los últimos años en la parcela.

En concreto, el promotor levantó junto a su casa una estructura de baja y dos plantas altas con piscina en forjado superior, parte de la cual estaría en suelo no urbanizable, así como una zona ajardinada, un cenador y terrazas en un suelo en el que no se puede edificar, así como un muro construido el pasado mes de agosto.

A pesar de la orden dictada en febrero de 2004 de paralización de los trabajos, ésta no fue acatada por el promotor. De hecho, en ese mismo año solicitó incluso la legalización de una estructura y una alberca para explotación agrícola que fue rechazada por Urbanismo al entender que con ello se pretendía legalizar unas obras para una piscina, un garaje, un vestuario y una pista de padel que, aunque tenían licencia, se estaban haciendo en un suelo no urbanizable.

Quince multas y una sanción

El Ayuntamiento ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento y control de este caso de infracciones urbanísticas, y en todo momento se ha actuado conforme a la ley. Así, desde el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se han impuesto un total 15 multas coercitivas y una sanción que suman más de 760.000 euros.

Éstas se corresponden con ocho multas coercitivas por no demoler, por importe de 78.953 euros cada una, seis multas coercitivas por no restituir los terrenos a su estado original (6.600 euros cada una), otra multa coercitiva por incumplimiento de la orden de suspensión (6.600 euros) y una sanción por llevar a cabo movimientos de tierras en suelo no urbanizable sin la preceptiva licencia (90.000 euros).

Desde Urbanismo apuntan a que "nunca se ha dado licencia en suelo no urbanizable y que desde el inicio se han llevado a cabo actuaciones encaminadas al restablecimiento de la legalidad y se ha dado cuenta a la Fiscalía". "De hecho en este caso desde el inicio se ha estado ordenando de forma reiterada al promotor la suspensión de las obras, la demolición voluntaria y se abrieron expedientes de infracciones", añade la Gerencia en una nota de prensa.