El TSJA decide embargar bienes al Ayuntamiento de Vélez por valor de 307.000 euros

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha pedido al Ayuntamiento de Vélez la relación de bienes patrimoniales de titularidad municipal para acordar el embargo de los mismos por un importe total de 307.148 euros. La medida se produce después de haber sido requerido el Consistorio dos veces este año para hacer efectiva una sentencia que le obliga a abonar dicha cantidad, en concepto de intereses de demorada y moratorios (intereses de los intereses), a una empresa constructora que ejecutó trabajos en el municipio del Plan Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL) entre los años 1997 y 1998.

La empresa en cuestión reclamó hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento el pago de intereses por el abono tardío de diversas certificaciones de obras ejecutadas recibiendo como única respuesta el silencio administrativo, motivo por el cual optó por acudir a los tribunales de justicia.

En 2007 la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a la constructora.

Requerimientos

Sin embargo, cuatro años después el Consistorio no ha hecho efectivo en ningún momento el pago de los intereses fijados por el tribunal, a pesar de los reiterados requerimientos realizados por la sala. Los dos últimos datan de marzo y mayo de este mismo año, aunque tampoco en esta ocasión ello sirvió para que el Ayuntamiento abonara la cantidad requerida.

Por este motivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha optado por citar mediante un exhorto remitido al Juzgado decano de la localidad al alcalde de Vélez, Francisco Delgado Bonilla, y a la secretaria general de la corporación para que comparezcan el próximo 14 de octubre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 al objeto de que identifiquen a la persona responsable de la ejecución de la sentencia para que, al amparo de artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), imponerle una multa coercitiva si procediera.

Según la LJCA, el juez o la Sala podrán imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.

El alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), ha aclarado que el impago de esta sentencia era algo desconocido por el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento.

No obstante, ha asegurado que su equipo hará todo lo que esté en su mano para garantizar la prestación de los servicios municipales, por lo que el ejecutivo va a plantear al juez la posibilidad de ejecutar la sentencia mediante un acuerdo de pago aplazado u ofreciendo a cambio un bien patrimonial.

Delgado ha lamentado que el anterior gobierno tripartito no haya hecho nada para abonar la cantidad requerida, dando paso al posible embargo de bienes del Ayuntamiento.

En este sentido, la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJA ha requerido al alcalde y la secretaria municipal para que determinen los bienes patrimoniales de los que el Ayuntamiento es titular para acordar el correspondiente embargo.