Valdés, Del Horno y Jaenada, imputados por fraude

Los dos futbolistas y el ganador de un premio Goya por la película 'Camarón' fueron interrogados e imputados por la Guardia Civil después de que los investigadores comprobaran que habían conseguido el carné para gobernar embarcaciones de recreo sin presentarse siquiera al examen.

Según informaron fuentes jurídicas, un miembro de la red colocó su foto en el DNI del portero del Fútbol Club Barcelona para suplantar a Víctor Valdés en el examen realizado en el País Vasco. El grupo delictivo utilizó el mismo método para obtener los títulos náuticos de Asier del Horno y Óscar Jaenada. Por ello, los futbolistas y el actor están acusados también de un delito de falsificación de documentos -como cooperadores necesarios-, ya que supuestamente facilitaron sus DNI a la organización que lideraba Juanjo V. C., uno de los dos detenidos que ingresaron en prisión.

Víctor Valdés fue imputado en Barcelona cuando regresó a España tras ganar la Eurocopa. Así consta en el sumario. El portero titular del Barça negó su participación en la estafa, pero no pudo explicar porqué su carné de identidad manipulado se encontraba en un archivo informático intervenido a la organización delictiva. Tampoco dio razones convincentes sobre la suplantación de su identidad en el examen realizado en Guipúzcoa.

Asier del Horno se mostró más colaborador y confesó que conocía a un miembro de la trama, mientras que Óscar Jaenada reconoció también parte de los hechos que le atribuye la juez María Isabel Rodríguez, la misma magistrada que autorizó las escuchas telefónicas a dos integrantes del grupo delictivo. Ambos se excusaron con el mismo pretexto: el desconocimiento de la ley. Manifestaron que no sabían que estaban cometiendo un delito.

Las mismas fuentes jurídicas precisaron que Valdés, Del Horno y Jaenada fueron imputados, "pero no detenidos". En la misma situación procesal se encuentran un centenar de personas que fueron interrogadas en los últimos cuatro meses en diferentes provincias españolas.

La instrucción de la causa continúa a buen ritmo en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, supervisa las investigaciones desde el primer momento con gran diligencia y rigor. Miles de folios componen el sumario con nombres, escuchas telefónicas, números de móviles, declaraciones de imputados, fotografías y otras pruebas.

Un testigo protegido

Un testigo protegido destapó la trama fraudulenta tras avisar a la Guardia Civil de los preparativos del grupo delictivo ante una convocatoria de exámenes. Una llamada telefónica recibida el 11 de noviembre de 2011 en el cuartel de Patraix de Valencia puso a los investigadores sobre la pista del cabecilla de la red, Juanjo V. C., y sus compinches.

Para captar a personas interesadas en amañar los exámenes, el grupo delictivo contaba con una escuela náutica y la presunta colaboración de Mario L. M., un empresario de Vila-real que realizaba funciones de comercial. El otro imputado que ingresó en la cárcel, Javier P. S., se encargaba de falsificar los documentos de identidad en la imprenta de Alzira donde trabajaba. Su cometido era poner las fotos de los miembros de la red en los DNI de los aspirantes, que obtenían el título de patrón sin examinarse.

La organización contaba con aparatos de grabación, transmisión y recepción. Dani Pedrosa fue sorprendido con un sistema inalámbrico de transmisión -oculto entre sus ropas- a través de Bluetooth con "collar inductor, pinganillo auditivo y terminal de telefonía móvil", afirma textualmente el sumario. Los dos expertos que transmitían las respuestas de las preguntas a los aspirantes tramposos eran la ingeniera náutica Ana T. M. y el capitán de yate Carlos M. A., según las investigaciones. Los dos miembros del grupo delictivo contestaban el cuestionario desde un chalé de la calle Isabel de Villena en Valencia o un hotel cercano a la universidad donde se realizaban los exámenes.

Cuando la Guardia Civil detuvo a Pedrosa y a otras 23 personas el 31 de marzo en la Universitat Politècnica y otros lugares de Valencia, los cabecillas de la red ya tenían las maletas hechas para amañar los exámenes que se celebraban al día siguiente en Murcia.

Antes de su desarticulación, el grupo del pinganillo, como llamaban algunos a la organización delictiva, ya había actuado en Elche, Castellón, Guipúzcoa y Asturias. La red cobraba unos 2.000 euros si el interesado hacía el examen con pinganillo. La cantidad era mayor cuando un miembro del grupo acudía con un DNI falsificado -suplantando la identidad del aspirante- para examinarse con una microcámara y el auricular inalámbrico.