El Gobierno admite que en el futuro será necesario retocar la ley de Transparencia

Una «avalancha» de solicitudes de información es lo que espera hoy el Gobierno. Desde mediodía, cualquier ciudadano que lo desee tiene la oportunidad de consultar al fin el Portal de la Transparencia, una página web en la que va a poder bucear entre sueldos de altos cargos, contratos firmados por la Administración General del Estado, currículos de ministros o subvenciones a partidos políticos. Todo esto estará contenido en la dirección https://transparencia.gob.es y se ha desbloqueado a las doce en punto. «Esto habría evitado muchos escándalos de corrupción», presumen en Moncloa ante la esperada inauguración, pero al tiempo admiten que las lagunas y carencias evidentes en la norma deberían llevar a reformar la Ley de Transparencia en menos de dos años.

Cuánto recibe el PP de dinero público, qué experiencia previa tiene el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, por qué empresa apostó determinado departamento para ejecutar una obra concreta o qué dijo el Consejo de Estado sobre el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto del dimitido Alberto Ruiz-Gallardón son algunos de los datos que desde ahora van a estar a disposición de los ciudadanos. Entre los 530.000 registros figura, por ejemplo, que «un secretario de Estado gana más que el presidente del Gobierno», recuerdan en Moncloa.

Podrán revisarse las compatibilidades entre dos puestos de trabajo autorizadas a altos cargos y, cada septiembre, se actualizarán los patrimonios de los cargos salientes y de los entrantes. El portal, sin embargo, no saciará la curiosidad y el interés de quienes se cuestionen cuántos asesores trabajan a diario en el Ministerio de la Presidencia. Para conseguir esa información, los españoles tendrán que pulsar el botón que aparece abajo, a la derecha, dentro de la página web: «Solicite información».

Es necesario registrarse y aportar los datos personales para plantear cualquier pregunta. Lo más sencillo es emplear el DNI electrónico. «Estamos hablando de un proceso administrativo, como cualquier otro, y quien reclama obtendrá un justificante en el que va a quedar constancia de su petición», explican fuentes gubernamentales. Desde ese momento, la Administración cuenta con 30 días para responder. Entran ahí en juego las llamadas «unidades de transparencia», compuestas por tres personas, que en cada ministerio se ocupan del proceso. «Siempre se contestará -aclaran en Presidencia- si la información se encuentra ya publicada, si estamos en disposición de ofrecerla o si no», porque los datos podrán ser denegados en caso de que su comunicación suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa o, entre otros, los intereses económicos del país. Conceptos muy amplios en los que se medirá la voluntad de apertura del Ejecutivo. En este planteamiento, las reuniones discretas de Mariano Rajoy no aparecerán y los servicios de inteligencia quedan prácticamente excluidos del dominio público. En cuanto a la Casa Real, el Gobierno atenderá las consultas relacionadas, sobre todo, con temas presupuestarios y que sean competencia de los distintos ministerios. Tampoco la información vinculada a los ayuntamientos y comunidades autónomas figurará en este mecanismo. Tienen, de hecho, a pesar de las críticas, un año más para adaptar sus portales.

Cada respuesta negativa, ignorada o insatisfactoria podrá ser recurrida ante el Consejo de la Transparencia que fija la ley, y en cuya composición por ahora parece imposible el acuerdo entre PP y PSOE, o, en última instancia, ante los tribunales.