El PP reduce a 141.000 euros el valor de los permisos urbanísticos impulsados por el tripartito

Al PP de Marbella no le cuadran las cifras dadas a conocer por el gobierno tripartito en cuanto a los ingresos en las arcas municipales por licencias de obra y proyectos de ejecución durante los seis últimos meses del pasado año. El nuevo Ejecutivo local ha venido desgranando casi en cada junta de gobierno local las cantidades obtenidas por el Consistorio por estos conceptos como muestra de una actividad urbanística en el municipio que el PP cree que está «falseada». Según los datos dados a conocer por el concejal popular Cristóbal Garre, el 99,83% de los más de 85 millones de euros en ingresos urbanísticos que el Ejecutivo local atribuye a los seis primeros meses del nuevo gobierno, «corresponden a expedientes que fueron impulsados y tramitados por el PP». El edil mostró la documentación con los expedientes que han pasado por junta de gobierno local desde el 23 de junio de 2015. «Hablamos de licencias de obras de más de 6.000 euros y de menos de 6.000 euros, no nos hemos dejado ninguna». De este modo, el PP se adjudica el impulso de 84.880.628 euros en licencias del total de 85.021.782 euros ingresados por las arcas municipales en el segundo semestre del pasado ejercicio. «Cuando hablen de inversiones, que expliquen de qué época son», indicó Garre, quien incidió en que «lo que se ha estado haciendo hasta ahora es aprobar licencias gestionadas con el anterior gobierno». Los cálculos efectuados por los populares dejan en 141.000 euros las cantidades en nuevas inversiones «reales» que se han ingresado con el nuevo gobierno. Una interpretación que llevó al concejal Cristóbal Garre a hablar de «frenazo» de las actividad urbanística en el municipio.

Para el PP, esta situación responde a varios factores. Uno de ellos, la no renovación de cuatro técnicos de Urbanismo que habían sido contratados en la legislatura anterior para reforzar y mejorar los tiempos de la delegación. «Ello está provocando una demora importante en la tramitación de los expedientes de los tres meses a los seis o siete que se está tardando ahora», aseguró. De otro, la anulación del PGOU de 2010 por el Supremo y la «demora con la que está actuando el equipo de gobierno para empezar a trabajar en la licitación de un nuevo plan, que ya debería estar en marcha».

Debate en el Parlamento

En este sentido, los populares volvían ayer a tender a mano al gobierno tripartito para «trabajar conjuntamente», y anunciaron que llevarán hasta el Parlamento Andaluz el debate sobre la normalización de las viviendas irregulares en Marbella. Según Garre, su grupo llevará a la Cámara Andaluza una propuesta para buscar una solución a los llamados terceros de buena fe con el fin de que se recoja en la LOUA esta situación extraordinaria. «Se está debatiendo una normalización de 20.000 viviendas diseminadas en Andalucía y tenemos que trasladar una actuación conjunta para que desde la Junta de Andalucía se debata ya una solución global, incluidas las viviendas de Marbella», indicó.

Por su parte, el equipo de gobierno, a través de la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, acusaba ayer al PP de aportar datos que, indicó, «carecen de toda credibilidad y fiabilidad porque no se especifican procedimientos ni áreas». Pérez explicó que en urbanismo «se realizan gran cantidad de tipos de expedientes y cada uno tiene sus tiempos, por lo que los datos aportados (sobre lo que se demoran los trámites) deben ser fruto del desconocimiento».

La edil de Urbanismo defiendió que los datos de licencias de las juntas de gobierno local «son reales, hay mucha actividad de licencias y el funcionamiento en la delegación de Urbanismo no ha parado», e instó al partido en la oposición a que «si quiere aportar datos de su época de gobierno debería hacer mención también a los nueve millones de euros prescritos, para los que todavía no ha dado ninguna explicación convincente».