La Junta pide ayuda a los municipios para poner viviendas vacías en alquiler

La Junta de Andalucía asume su responsabilidad por el fiasco que hasta la fecha ha supuesto el programa impulsado hace un año para hacer aflorar viviendas vacías y alquilárselas a personas con ingresos limitados, aunque se resiste a darlo por perdido. En su primer año de vigencia, el balance no puede ser más contundente. Como ya informó este periódico (ver SUR, 9/12/2014), aunque el objetivo era suscribir en este periodo 1.500 contratos de arrendamiento, la realidad es que apenas se han puesto en el mercado 75 inmuebles en toda Andalucía, de los que ninguno de ellos se encuentra en Málaga a pesar de los 120.000 pisos desocupados que hay en la provincia. No cala entre los propietarios, pero tampoco entre los potenciales inquilinos, ya que únicamente 68 personas de la provincia han solicitado su inclusión en esta iniciativa cuando solo en la capital hay 7.390 familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

Ante este aparente desinterés, la Consejería de Fomento y Vivienda pretende ahora que sean los ayuntamientos los que den a conocer el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA). «Hemos echado en falta una mayor implicación de los ayuntamientos, por ejemplo, informando a todas las personas que se inscriben en sus registros de demandantes de que también tienen la opción de acogerse a esta iniciativa», apunta el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, quien considera «llamativo» que salvo algunos casos de Estepona y Rincón, la mayoría de las 68 personas que se han apuntado al PIMA son de municipios pequeños como Campillos, Pizarra, Cortes de la Frontera o Almáchar.

Más implicación

Toque de atención a los consistorios de la provincia en general, pero sobre todo al de Málaga. Primero, porque consideran que «con una mayor involucración del Instituto Municipal de la Vivienda» se podría llegar a los 7.390 familias de la capital que demandan un techo. Pero, fundamentalmente, porque entienden en la Junta que la incorporación del IMV como agente colaborador serviría de locomotora para que también se sumaran el resto de ayuntamientos de la provincia.

Hasta la fecha, el programa solo cuenta con seis entidades colaboradoras, todas ellas agencias inmobiliarias, cuya labor consiste en difundir el programa, captar las viviendas, tramitar con el propietario su inclusión en la bolsa, mostrarlas a las personas interesadas y formalizar los contratos. También pueden realizar esta tarea entidades públicas, pero de momento la única que lo hace en la provincia es la propia Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

«Con una mayor colaboración entre las administraciones será más fácil darle uso a esos pisos vacíos», remarca García Peláez, quien pone el acento en los incentivos que se ofrecen al propietario. El primero es que, aunque se persigue que el alquiler sea asequible a inquilinos que se hayan inscrito en los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, tampoco se tiran los precios pudiendo llegar a un máximo de 600 euros al mes, una renta muy cercana a lo que suele costar en el mercado libre. Además, se ofrece al arrendador un seguro gratuito de un año, prorrogable por otro más, que cubre el impago de hasta nueve mensualidades, así como otro multirriesgo del hogar con cobertura de daños materiales, actos vandálicos, responsabilidad jurídica del asegurado y asistencia hogar por idéntico periodo. Igualmente, la Junta también se hace cargo de la certificación energética si el inmueble no lo posee.