El Ayuntamiento defiende que el informe de inundabilidad no frene los planes del Guadalhorce

Tras la esperada reunión entre ambas instituciones celebrada ayer en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, apenas se produjeron novedades. Tanto el delegado del área, Javier Carnero, como el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Francisco Pomares, trataron de demostrar un entendimiento que no fue tal. «Esta situación está enquistada porque paraliza ciertos desarrollos que estaban aprobados por el Plan General», resumió Pomares.

En el encuentro, en el que también participaron técnicos de la Gerencia de Urbanismo y el director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan Serrato, las partes acordaron que sea una mesa técnica la que termine de revisar el proyecto a partir del próximo mes de enero. Carnero se comprometió a que los responsables municipales cuenten con toda la documentación antes de que acabe el año para poder iniciar esa ronda de encuentros.

Indefensión técnica

Hasta que esta próxima reunión no se produzca y se pongan todos los detalles sobre la mesa, la petición de Pomares fue clara: «Sólo pido a la Consejería que hasta que ese plan sea validado completamente no estemos paralizando el desarrollo del sector, ya que afecta a muchos malagueños y a zonas públicas de toda la ciudad». A su juicio, el Ayuntamiento, y por ende la ciudad, «se encuentra en una indefensión política y técnica».

El delegado de Medio Ambiente de la Junta tampoco se salió del guión previsto e insistió en que el estudio de inundabilidad no supone en ningún caso tener que modificar el PGOU, que está «plenamente vigente». Sin entrar a valorar cuestiones concretas, dijo que el estudio requerirá «una serie de mejoras que ni están definidas ni están claras».

En este sentido, consideró que el informe deberá ser consensuado con todos los implicados, ya que algunas zonas calificadas como inundables podrían amoldarse «en función de algunos datos que la Consejería podría no tener». El informe de inundabilidad también será remitido al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en donde se ven afectadas la ciudad aeroportuaria y numerosas fincas particulares.

Ambas administraciones anunciaron que en la reunión prevista para enero tendrán que establecerse las medidas correctoras necesarias para que no haya riesgo de inundaciones a 500 años vista. Al parecer, las actuaciones desarrolladas en el cauce del Guadalhorce hace apenas una década dan seguridad para un periodo de entre 100 y 200 años, pero no para el medio siglo que exige la Unión Europea.

El edil de Urbanismo rechazó de plano que esas actuaciones deban sufragarlas los propietarios de los negocios o terrenos que se encuentran en las zonas afectadas y abogó por un acuerdo entre Ayuntamiento y Junta «como se ha hecho otras veces».

Carnero, por su parte, quiso tranquilizar a los propietarios afectados al afirmar que en este momento no hay que acometer ninguna actuación. «No nos pongamos el parche antes de que salga la herida».

Asimismo avanzó que en la reunión técnica «habrá que ver qué actuaciones tendrían que ser de interés general del Estado, de interés autonómico o municipal. Pero lo primero es ver que ese mapa se acoge a la realidad en todos sus conceptos y bajar el nivel de temor en la ciudadanía», resumió. El delegado también trató de rebajar la tensión al abordar la polémica por los cinco informes desfavorables de aguas emitidos hasta el momento. «Me he comprometido con el concejal a que el tratamiento jurídico lo abordaremos con él y se verá cómo ir dando solución al tema», dijo.

Área afectada

Como ha venido informando SUR en las últimas semanas, el estudio de inundabilidad realizado por la Consejería de Medio Ambiente invalida parcialmente los proyectos para construir unas 8.000 viviendas en el núcleo urbano de Campanillas, así como actuaciones de tipo industrial, empresarial y comercial en una zona con más de 400.000 metros cuadrados de superficie.

El documento también pone en entredicho proyectos empresariales en la fachada del polígono Guadalhorce en una superficie de unos 700.000 metros cuadrados e impiden el traslado de varios negocios de desguace que ya han manifestado su intención de movilizarse para defender sus intereses. Por último afectaría a los proyectos planeados en la zona de San Julián y Guadalmar, en donde hay previstas actuaciones en una superficie que abarca unos 375.000 metros cuadrados.

A pesar de esta gran incidencia, sorprendió que ayer el delegado asegurara que de momento «no hay ningún desarrollo previsto en zona construible». A lo que Francisco Pomares contestara de inmediato que sí los hay pero que aún no se han presentado a la Junta. Y eso que sólo era una primera toma de contacto.