«Me dijo: 'Mamá, soy como invisible en el colegio. A mí se me rompió el alma y me puse a llorar»

Para entonces, Andrés ya era una sombra de sí mismo. Le entusiasmaba el fútbol, y dejó de jugar. Le encantaba la consola, y dejó de usarla. Le gustaba el colegio, y ya no quería ir. Acostumbraba a reír, y también dejó de hacerlo. «Apenas comía», recuerda María con un nudo en la garganta que solo deja salir palabras entrecortadas. «Le echaba el bocadillo en la mochila para el recreo y todos los días venía de vuelta. Perdió siete kilos».

Al volver a casa, Andrés se encerraba en su habitación. «Mamá, déjame, que voy a estudiar», respondía cuando ella le preguntaba por qué no salía a jugar con sus hermanos. Por qué estaba siempre serio. «A veces decía que le dolía la cabeza. Se metía en la cama y ya no salía de allí hasta el día siguiente», cuenta.

El rendimiento escolar cayó en picado. Pasó de aprobar a suspender todo. María habló con su tutor por si había observado algo extraño en el comportamiento de su hijo y él le dijo que no. Que serían cosas de la edad. O la adaptación al nuevo curso. O alguna chica. «Nunca piensas en esto...», apunta ella: «No estás preparada para que tú hijo te diga algo así».

María empezó a sospechar un día en que, en el grupo de WhatsApp de las madres del cole, una de ellas contó que su hijo estaba siendo acosado por tres compañeros. «¿Se lo están haciendo a más niños?», escribió ella en el chat. La respuesta fue el silencio. Días después, en un cumpleaños, mientras charlaban sobre el asunto, una madre le soltó: «Tú pregúntale al niño».

La confesión llegó esa tarde, al volver a casa. María se sentó delante de Andrés y, con todo el cariño y las fuerzas que pudo reunir, le preguntó si algún compañero le estaba haciendo algo. «Bueno...», se abrió el crío, agachando la mirada. «A mí se me cayó el alma a los pies», interviene ella, que insistió: «¿Qué te están haciendo?». Andrés le contó las collejas, las burlas, las humillaciones, el aislamiento, aunque omitió «las palabrotas». Le dijo que se escondía bajo las escaleras cuando llegaba la hora del recreo para ser más invisible todavía. «Mamá, tengo miedo, ¿me van a hacer algo?».

Las únicas mentiras de su relato son los nombres. El niño no se llama Andrés ni ella tampoco es María. Pero que nadie se engañe. No pide el anonimato por miedo o por vergüenza. Sólo quiere proteger a su hijo. Y advierte: «No voy a parar si le siguen haciendo algo malo en el cole».

El elemento temporal

El acoso escolar, como lo define la Consejería de Educación de la Junta, es el «maltrato psicológico, verbal o físico» a alumnos producido por uno o más compañeros de forma reiterada. «El elemento temporal es clave», recalca el jefe del Servicio de Inspección Educativa en Málaga, José Antonio Guerrero, que coordina y dirige la actividad de los 45 inspectores que la delegación tiene asignados a los 1.150 centros de la provincia que perciben fondos públicos.

El término, hace poco más de una década, «no existía» en la jerga de los inspectores, reconoce Guerrero. El caso de Jokin, el menor de 14 años que una mañana de septiembre de 2004 cogió su bici, fue a la muralla de Hondarribia (Guipúzcoa) y saltó al vacío para escapar del acoso de un grupo de compañeros en su nota de despedida dejó escrito «ser libre, oh, libre», puso sobre la mesa una realidad de las aulas que hasta entonces había permanecido oculta en España.

En Andalucía, la Consejería de Educación creó en 2011 un protocolo de actuación tutelado por la Junta donde se regulan las normas de convivencia y se recogen los pasos necesarios para proteger a las víctimas y que estas conductas no queden impunes. «Vimos la necesidad de tener una herramienta para que se siga el mismo procedimiento en todos los centros y huir de cualquier arbitrariedad», dice Guerrero.

Tras Jokin, empezó a hablarse de bullying, un anglicismo que proviene de bully (matón, peleón) y cuya traducción literal, como verbo, encajaría con tiranizar o intimidar. Con la entrada del móvil en las aulas, se acuñó el término ciberbullying, que no es otra cosa que la extensión del acoso a Internet y las redes sociales. «El anonimato ya no está garantizado», advierte la fiscal delegada de Menores en Málaga, Isabel Fernández, que sí ha percibido un aumento del acoso asociado al uso de las «nuevas tecnologías», como la moda del happy slapping, que consiste en dar una bofetada, una colleja o una patada a alguien, sin mediar palabra ni discusión previa, mientras un amigo lo graba paa después difundirlo.

La representante del Ministerio Público habla de impresiones, ya que, como ella misma reconoce, el acoso no tiene un reflejo estadístico porque el delito, como tal, no existe. A nivel penal, se traduce en amenazas, lesiones, coacciones, vejaciones o contra la integridad moral, delito este último que en Madrid, por ejemplo, ha aumentado un 100% en la jurisdicción de menores. La propia Fiscalía General del Estado recoge en su último informe que algunas delegaciones, como Asturias, abogan por un cambio en las aplicaciones informáticas que permita recoger la realidad de este fenómeno. La fiscal delegada en Málaga sentencia: «El acoso escolar existe, pero no todo lo que se denuncia es acoso». Una vez que se filtran los casos, «los que sí son reales se abordan con soluciones muy amplias, desde los leves, donde se puede conciliar y a veces acaban con un abrazo o un apretón de manos, hasta los más graves, que van a juicio y nos obligan a adoptar medidas cautelares».

Tampoco Educación maneja datos estadísticos que permitan observar la evolución del fenómeno porque, hasta ahora, no existía un registro histórico. «Es que hace tres o cuatro años apenas teníamos una decena de casos a estas alturas», justifica el jefe de la Inspección Educativa, que habla de un aumento «exponencial» de las denuncias durante este curso escolar. A su juicio, la publicidad que se está dando a este problema a través de los medios de comunicación está haciendo aflorar muchos casos que, de otro modo, habrían permanecido ocultos. La cifra es preocupante: desde septiembre, Educación ha activado en Málaga 100 protocolos por sospecha de bullying en las aulas. Esta misma semana SUR publicaba dos de estos casos en institutos de Fuengirola (con cuatro menores detenidos) y Estepona (dos investigados). Guerrero matiza el dato: «Casi siempre son conflictos entre iguales [sin el componente temporal al que antes hacía referencia]. Aproximadamente, el 10% acaban siendo diagnosticados como situaciones reales de acoso».

Uno de esos casos es el de Andrés y María. Primeras estadísticas

Desde este año, Educación dispone de un registro pormenorizado sobre cada uno de los expedientes abiertos en centros educativos de la provincia. La otra novedad de este curso es que, preocupados por el avance del fenómeno, los inspectores se han reunido con los directores de colegios e institutos para pedirles que «extremen» la vigilancia sobre todos los espacios del ámbito escolar. «No sólo las aulas», aclara Guerrero. «Los profesores tienen que estar pendientes a los pasillos, el comedor, la biblioteca, el gimnasio, las clases de apoyo, la entrada y salida del centro, las actividades extraescolares... No podemos dejar zonas de impunidad».

El presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, se muestra muy crítico ante lo que considera una «negación institucional» del bullying que se traduce con frecuencia en una segunda victimización de los alumnos afectados. «La situación en España es lamentable. Nuestra experiencia con más de 3.000 víctimas indica que en ocho de cada diez centros se actuó tarde y mal», asevera.

El cole de Andrés activó el protocolo tras la denuncia de María. Uno de esos días, mientras Educación estudiaba su caso, el niño le contó a su madre que salió de clase para ir al aseo y que uno de los repetidores que le hacían la vida imposible se escapó detrás de él. Al girarse, todavía subiéndose el pantalón, se lo encontró a sus espaldas, brazos en jarra y actitud amenazante, mirándolo fíjamente. Andrés salió de allí como pudo.

«Tranquila, mamá, yo ya no voy al baño».

Las cifras son abrumadoras, sea cual sea la fuente que se consulte. El 1 de noviembre, el Gobierno habilitó un teléfono gratuito (900 018 018) contra el acoso escolar que está operativo las 24 horas y los 365 días del año para atender a familias, testigos o docentes en busca de información o de una vía para denunciar su situación. Durante los dos primeros meses, el equipo de psicólogos, juristas y educadores que está al otro lado de la línea recibió 5.552 llamadas, de las que 1.955 serían posibles casos de bullying, según los datos facilitados por el Ministerio de Educación.

El informe Cisneros X sobre acoso y violencia escolar en España, que está considerada una de las investigaciones más completas y pormenorizadas en la materia, basada en la experiencia de 24.990 alumnos desde 2º de Primaria a 1º de Bachillerato, señala a Andalucía (donde se entrevistó a 5.369 estudiantes) como la comunidad con una mayor tasa de acoso escolar, con un 27,7%, seguida de País Vasco y Navarra, con un 25,6%. Otro estudio reciente de Save The Children sitúa a la cabeza a Murcia, donde se investiga el suicidio de Lucía (13 años), que se quitó la vida el pasado 10 de enero, después de que su madre denunciara el acoso que sufría por parte de varias compañeras.

El informe Cisneros XII identifica las formas más comunes de bullying, como poner apodos (13,9%), no ser hablados (10,3%), recibir risas ante sus equivocaciones (9,2%), ser insultados (8,7%) o ser acusados de algo que no han hecho (7,5%). «El acoso tiene múltiples caras, como la exclusión o marginación social; la agresión verbal; las vejaciones y humillaciones; la agresión física; la intimidación, amenazas o chantajes; el ciberacoso, el acoso enfocado sobre la condición sexual o el que deriva hacia el abuso sexual», recita Guerrero.

El centenar de protocolos abiertos en Málaga y la experiencia de años anteriores permiten al jefe del Servicio de Inspección realizar una radiografía del fenómeno en la provincia. Asegura que la mayoría de los casos se concentra en la capital y en la costa occidental, muy por encima de la oriental y, sobre todo, del interior. Aunque han registrado algún caso demasiado precoz, como los padres de un niño de tres años que, según decían, era acosado por otro de la misma edad, el bullying empieza a aparecer a partir de los ocho años. «El curso clave para la prevención es quinto de Primaria», subraya Guerrero. «Ahí son más fáciles de atajar, pero a medida que crecen el acoso se acentúa y aumenta la gravedad. La edad crítica, los 15 años. No hay un estereotipo de familia o entorno social, aunque «los casos de acoso más sofisticados, que son muy graves y se producen de una forma mucho más sutil, se dan entre menores de familias con un nivel cultural medio-alto y de situación acomodada», opina.

Guerrero calcula que el 75% de los protocolos activados se dan en Secundaria y el 25% restante, en Primaria. La inspectora de la Policía Nacional Lidia Avivar, que es la delegada provincial de Participación Ciudadana, unidad que lleva impartidas más de 400 charlas en colegios e institutos de la provincia durante este curso, describe gráficamente la diferencia entre ambos tramos: «Primaria es la edad del todos contra todos. Secundaria, del todos contra uno». Ella también ha percibido una mayor sensibilización sobre el bullying la demanda de charlas ha aumentado más de un 50% este curso en los centros, aunque no tanto entre los progenitores. «Salvo excepciones, cuando damos charlas a padres, apenas vienen seis o siete», afirma Avivar, que recuerda el coreo anónimo (seguridadescolar@policia.es) que este Cuerpo tiene a disposición de los ciudadanos para denunciar cualquier caso.

El testigo invisible

Otra investigación, en este caso del Centro Reina Sofía, indica que el 75% de los estudiantes entrevistados ha presenciado agresiones en su centro escolar. Es el llamado testigo invisible, que acostumbra a guardar silencio, pese a que por sus manos pasa en gran medida la solución al problema. «En las charlas notamos que tienen más miedo a que los llamen chivatos que a las propias consecuencias de sus actos», cuenta Avivar, que observa con demasiada frecuencia la sensación de impunidad que reina entre el alumnado. «Piensan que no les va a pasar nada porque son menores y se creen intocables. Nosotros les explicamos que están muy equivocados, que pueden ser condenados y recluidos, que un centro de menores no es un colegio». Asegura que cada vez son más los niños que salen de ese hermetismo y se acercan a ellos para contarles lo que les pasa: «El año pasado, mientras recogíamos el material, se acercó un chico de 14 años y nos dijo que había estado escuchando la charla y que eso le estaba pasando a su novia. Se investigó y fue positivo».

Las consecuencias son una pérdida de autoestima y confianza que, si el acoso llega a cronificarse, puede dejarle gravísimas secuelas, ya que la víctima «normaliza el rol y asume ser maltratada», explica el presidente de AEPAE. Y aparecen los signos de alerta: «Cambios en el comportamiento del niño, temor a ir a la escuela, bajo rendimiento insomnio, pesadillas, ira, ansiedad...».

También las hay para el acosador, que puede llegar a asumir una conducta antisocial de poder basado en la agresión, y para los observadores, que acaban teniendo «una actitud pasiva, complaciente y tolerante ante las injusticias», interviene el jefe del Servicio de Inspección, quien subraya que el protocolo de Educación contempla medidas disciplinarias, como el cambio de grupo, la suspensión de actividades extraescolares, la expulsión de clase (de 1 a 30 días) o, en casos extremos, el cambio de centro.

Los supuestos acosadores de Andrés han sido expulsados temporalmente del centro. Uno de esos días en los que no tuvo que recibir collejas ni insultos, ni esconderse debajo de las escaleras, le dijo a su madre:

«Mamá, hoy he pasado un día tranquilo».

«Traquilos tienen que ser todos los días, hijo», le respondió ella, tratando de evitar que la viera llorar.

El presidente de AEPAE cree que no se protege a la víctima ni se castiga adecuadamente al acosador. «Todos sabemos que los menores de 14 años son inimputable, pero se les puede sancionar. Es imprescindible que entiendan que sus acciones tienen consecuencias y que una regañina no es suficiente, porque de lo contrario pueden acabar interiorizando que no han hecho nada malo». Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva no cree en la expulsión, porque vuelven «reforzados y dispuestos a machacar al que los ha denunciado». Él aboga por castigos dentro del ámbito escolar, como ordenar libros en la biblioteca, limpiar espacios comunes o cuidar a niños de infantil en el mismo centro.

María vive ahora un poco más tranquila, pero sigue alerta. «Y no tendría que ser así, porque mi hijo va allí a estudiar», se lamenta. «Antes, cuando lo dejaba en la puerta, le decía: Te quiero mucho, hijo, pásatelo bien en el cole. Ahora, al llevarlo, le tengo que decir: Ten cuidado y, si ves algo, sal corriendo. Y al recogerlo, lo primero que le pregunto es: ¿Te han hecho algo?».