El riesgo de inundación condiciona un proyecto empresarial junto a San Julián

Una de las operaciones urbanísticas de mayor envergadura para seguir desarrollando la nueva centralidad urbana que supuso la apertura del centro comercial y de ocio Plaza Mayor hace ya 14 años es la prevista por el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para los suelos situados entre el núcleo de San Julián y la autovía de Guadalmar. Se trata de una extensión de terreno de 227.565 metros cuadrados aún baldía, enmarcada por las parcelas comerciales situadas al este de Plaza Mayor, y por las tiendas de Leroy Merlin y Decathlon. Hace cuatro años que se iniciaron los trámites para desarrollar este proyecto, que contempla parcelas para uso comercial, de oficinas, productivo y para equipamientos públicos (sociales, culturales, deportivos o educativos) y zonas verdes. Sin embargo, aún no se han completado y es probable que tarden al menos uno o dos años más en culminarse.

Los suelos, que están en manos de una decena de propietarios, se han topado con varios condicionantes una vez que, a petición de algunos de ellos, se ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para ordenar su futuro desarrollo por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Entre los más destacados se encuentra un informe desfavorable y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil que considera que las alturas propuestas para los edificios algunos alcanzarían los 12 ó 15 metros vulneran el espacio aéreo acotado para garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo del aeropuerto.

No obstante, en el último año, se ha cruzado también en el devenir de este expediente la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación en el entorno delGuadalhorce, lo que obliga a que sea sometido a un informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación delTerritorio, ya que estos suelos se encuentran situados en una zona declarada como inundable. Así, según las normas actualmente establecidas, en ellos no podrá levantarse construcción alguna, salvo que se adopten las medidas correctoras necesarias para salvar el riesgo de inundación.

La necesidad de este informe en materia de inundabilidad es reconocida por un informe de la Gerencia de Urbanismo del pasado mes de julio en el que se señala a los promotores que también deben dar cumplimiento a otra serie de cuestiones para continuar con la tramitación del proyecto, entre ellas algunas relacionadas con la arqueología y el estudio del tráfico que generarán los edificios comerciales previstos en el sector.

El asunto de la inundabilidad no es baladí, puesto que actualmente supone un freno para el desarrollo urbanístico de todo el entorno de la desembocadura delGuadalhorce, como han denunciado los empresarios de los polígonos. Por el momento, tan solo la ampliación comercial de Plaza Mayor ha conseguido salvar los reparos de Medio Ambiente en esta materia, después de estudiar y proponer medidas correctoras contra el riesgo de inundación. Un camino parecido deberán seguir los promotores de este proyecto situado al sur de San Julián si quieren obtener el plácet de la Junta, que ya advirtió en su informe positivo al crecimiento de Plaza Mayor que ello no implicaba levantar el veto para el resto de suelos del entorno que, según los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, requieren de un estudio específico, también en relación a un canal de desagüe de aguas pluviales procedente del aeropuerto que aún no está finalizado.

De que puedan superarse con éxito o no estos condicionantes administrativos dependerá que este proyecto para crear un nuevo polígono empresarial y comercial al sur de San Julián pueda ser una realidad. Los actuales promotores de la actuación son solo una parte de los propietarios de los suelos que, pese a ser minoriatarios, están avalados por Urbanismo para llevar la iniciativa de sacar adelante la aprobación de la ordenación del sector. Lo que han planteado es dividir su ejecución en cuatro partes de las que ellos asumirían solo una de ellas. No obstante, han aportado un estudio en el que cifran en 7,6 millones de euros el coste para urbanizar los terrenos, cuyo desarrollo tendrá que ir en paralelo a la ejecución de obras o cargas externas. Entre ellas se propone el embovedado de parte del canal de desagüe de las aguas pluviales procedentes del aeropuerto.