«Una decisión de ciudad como el metro no debe quedar en manos de un grupo de vecinos»
«No quiero contemplar ningún escenario en el que no se haga la prolongación hasta el Hospital Civil», asegura el consejero de Fomento
Ignacio Lillo
Jueves, 24 de diciembre 2015, 18:54
Felipe López García accedió en junio al cargo de consejero de Fomento de la Junta de Andalucía. Nacido en Alcalá la Real (Jaén) en 1954, ... asume su paso por la cartera de inversión como una oportunidad de solucionar los problemas de movilidad de los ciudadanos andaluces, para lo que se ha propuesto reactivar varios de los proyectos que se quedaron parados durante la crisis. En el caso del metro de Málaga, al contrario de los anteriores gestores, de IU, que lanzaron numerosas propuestas de cambio, López se marca el reto de terminar lo que ya estaba proyectado y que toda la red completa esté en servicio en verano del año 2018. Incluida la llegada en superficie hasta el Hospital Civil.
¿Cómo valora el movimiento que ha surgido de oposición vecinal?
En los términos que se utilizan hay una animadversión y un apriorismo. Hay prejuicios porque no se tiene la información suficientemente detallada. No se me ocurre condenar una reacción de rechazo inicial de los vecinos, porque hay que hacer que lo conozcan. Y hacerlo conjuntamente, porque el metro de Málaga no es un proyecto de la Junta ni del Ayuntamiento, sino conjunto, para el desarrollo de la ciudad. Garantizar la movilidad dentro de una ciudad tan importante, con ese criterio no sólo de sostenibilidad medioambiental sino de hacer mucho más racionales los desplazamientos en términos de tiempo, de siniestralidad y todo lo que supone un medio de transporte en plataforma reservada. No están locas todas las ciudades europeas que lo hacen. El apriorismo con el que se ha planteado esta posición de rechazo se puede desmontar dando razones, el conocimiento de experiencias que funcionan, que también tuvieron los mismos niveles de rechazo y que la realidad ha permitido disipar. Y eso es lo que vamos a hacer, de la mano del Ayuntamiento. La primera reunión no fue satisfactoria pero no me desalienta, tenemos que culminar el trabajo que nos hemos trazado en las próximas semanas. Al final, el Ayuntamiento, que es el que tiene legitimidad para interpretar la opinión de la ciudad, tendrá que determinar si hay unanimidad absoluta o no, si un porcentaje de los ciudadanos acaban determinando el futuro de una infraestructura al servicio del conjunto de la ciudad.
El alcalde acaba de pedir la nulidad del proyecto básico del tramo hasta el Civil. ¿Qué le parece?
En la prudencia que intentamos mantener desde el principio, de no erosionar la confianza, vamos a esperar hasta recibir el requerimiento con lo que el alcalde plantea, y veremos el alcance técnico y jurídico. Somos aliados, no adversarios, tenemos una comisión mixta que es donde hay que plantear las cosas, pero respeto la decisión del Ayuntamiento. Este es un objetivo de gobierno de la ciudad y no hay ninguna razón para no seguir persiguiéndolo, los obstáculos no son suficientes para poder alcanzar la meta de un proyecto importante de movilidad sostenible. Intentaremos responder de forma constructiva.
¿Cree que busca ganar tiempo?
No lo sé, llamaré al alcalde cuando tengamos el escrito y lo hayamos analizado. Quiero ser leal y no sé si procederá convocar otra reunión de la comisión o los responsables de las dos instituciones pueden resolver las dudas a nivel técnico; pero quiero seguir estando en la misma mesa que el Ayuntamiento, no quiero una relación epistolar, me quiero comportar como un aliado.
La decisión sobre el proyecto parece estar ahora en manos de una parte de los vecinos.
Una decisión de ciudad no debe quedar en manos de un grupo de vecinos. Hay que intentar convencerlos también, no me parece irrelevante su opinión. Pero en cualquier caso no se puede uno arrogar la legitimidad del todo cuando representa a una parte, legítima, pero una parte. ¿Quién interpreta la voluntad de la ciudad? ¿La interpretan cien vecinos o la interpreta el alcalde, en representación de los 700.000 ciudadanos de Málaga? Esta es la cuestión. El Ayuntamiento es el que tiene que hacer esa interpretación. No estoy anticipando que va a ser imposible convencer a los directamente afectados de que va a ser una oportunidad para su distrito, pero al final puede haber un porcentaje de la población a la que no le parezca bien, pero hay que buscar puntos de encuentro aceptables para todos. Y el punto de encuentro de los intereses de la ciudad es que este es un modelo de movimiento ensayado en muchísimas ciudades europeas y que los acontecimientos no hacen mas que confirmar que por ese camino hay que transitar. Vale que acabemos todos sintiéndonos compungidos por el horizonte del cambio climático, pero ¿nos sentimos concernidos nosotros o es sólo para terceros?
¿Hace alguna autocrítica? Han pasado dos años desde aquella famosa reunión de noviembre del 2013 y a la Junta no se le ha visto por el distrito con este tema.
No tengo inconveniente en hacer autocrítica, es posible que se podía haber hecho antes. Pero no era la Junta sola la que tenía que hacer esa tarea, sino junto con el Ayuntamiento, porque no es un proyecto impuesto sino compartido. Y en qué momento procesal: se sometió a información pública y hubo una declaración ambiental, aunque es cierto que no es bastante con el cumplimiento de los trámites, sino que requiere una disposición más proactiva. Creo que este no es un mal momento, cuando se han planteado las cuatro opciones de reurbanización, el proyecto está terminado y se pide al Ayuntamiento que elija una de las opciones; ese es el momento de explicar a los vecinos qué queremos hacer.
¿Contempla algún escenario en el que no se haga la prolongación al Civil?
No quiero contemplar ese escenario. El proyecto no ha sido una improvisación, esta suficientemente meditado: aúna los criterios de rentabilidad social, de lo contrario, no tiene sentido, porque supone un coste de implantación y de explotación para el conjunto de los ciudadanos andaluces y malagueños que lo sufragan con sus impuestos. Está meditado y con las conclusiones racionalmente establecidas. Por tanto, no contemplo que haya imposibles, no debe haber ninguna razón para que no se pueda acabar concluyendo esta obra en los términos que estaba prevista, y espero y deseo que con el beneplácito del conjunto de los ciudadanos malagueños, que son los beneficiados de un esfuerzo inversor importante.
Deduzco por tanto que no hay un plan B. El PP y Ciudadanos plantean llevarlo al PTA.
Eso es un error de planteamiento: para resolver lo que alguien anticipa como un problema, pretender hacer un intercambio de cromos de cosas que no son intercambiables. Es verdad que en el PTA hay un problema de movilidad que hay que resolver, pero no es sustituible ni intercambiable renunciar a esto y hacer aquello. Primero, porque este proyecto está definido en estos términos y es el que ha financiado el Banco Europeo de Inversiones (BEI): ese y no otro. Ese proyecto tiene una encomienda de gestión a una concesionaria que lo explota, con un conjunto de usuarios al año que ahora mismo está cumpliendo con suficiencia. La solución de movilidad del PTA es otra, y de hecho ha habido coincidencia hasta ahora por parte de todos los grupos políticos y por parte del Ministerio (de Fomento), que está haciendo los estudios para la prolonación del Cercanías. Un metro tiene la virtualidad de ofrecer en ciclos cortos de tiempo un servicio continuo durante todo el día, mientras que en el PTA el requerimiento es puntual, a las horas de entrada y salida del trabajo, y además con una potencia de respuesta mucho más grande que la que puede dar un metro. Si hablamos con un mínimo de rigurosidad y de sentido común a la hora de aplicar los recursos públicos para resolver problemas de movilidad, hagámoslo desde la racionalidad de saber cuál es el problema que queremos resolver, no por la coyuntura. El análisis racional de la solución al otro problema es que necesita en horas de entrada y salida la potencia de transportar a 800 personas en un Cercanías, mientras que en el metro son 250. Un planteamiento de esa naturaleza solo tiene el sentido de salir huyendo de lo que se prevé como un problema. Pero los problemas hay que afrontarlos, desde la razón y el intercambio de opiniones, escuchar y ser oídos. La otra salida no tiene fundamento desde el punto de vista de la utilidad y de una asignación racional de recursos públicos que siempre son escasos.
¿Qué se está jugando la ciudad en este escenario? ¿La credibilidad?
Claro, no puede ser que al primer obstáculo que surja se pueda acabar desistiendo del empeño, si se está convencido de que está bien fundado. Entre otras cosas, porque estamos quebrando posibles juicios en términos de descrédito. Cuando se asumen compromisos con terceros fruto de acuerdos, si no se cumple estamos trasladando una sensación de inseguridad jurídica, respecto a interlocutores válidos para las relaciones entre las instituciones y el mundo de los negocios. Málaga y Andalucía tienen que ser una referencia solvente para inversores; sobre todo Málaga, que es la principal entrada de ciudadanos extranjeros a Andalucía. Eso son intangibles, que de momento no tienen que ver con la cuenta de resultados de la concesionaria ni con las expectativas de desarrollo de la provincia, pero van dejando una estela, y lo que hay que ir es sumando y dejando una estela de solvencia, de seriedad, de referencia estable, y no de duda y de vacilación permanente.
El Ayuntamiento les debe 32 millones solo en el capítulo de obras, ¿cómo está interactuando esa cifra con la situación del Civil?
No queremos vincular el tema, pensamos que los convenios cuando se firman son para cumplirlos, las cosas se pactan libremente y cuando uno se obliga en libertad a recorrer un camino no hay mas alternativa que recorrerlo. Espero que el Ayuntamiento cumpla los compromisos que tiene, estamos en la mejor disposición, porque este no es un proyecto contra el Ayuntamiento ni contra la ciudad, todo lo contrario, es un proyecto de dos instituciones, cada una con un nivel de responsabilidad pero en beneficio de un conjunto de los ciudadanos, que son malagueños y andaluces. Tenemos que establecer, por la vía no sólo de las declaraciones sino de los hechos, una relación leal y fluida, independientemente del color político de cada uno. El gobierno legitimo que en cada sitio ha sido elegido tiene que ser respetado, pero ese gobierno tiene que saber que los compromisos asumidos se mantienen y se cumplen.
Al menos reconozca que tendría consecuencias para el Ayuntamiento en el caso de que no se haga.
Sin duda, al final si hubiese una situación no deseada, los eventuales perjuicios que se pudieran plantear, alguien tendría que responder de ellos. Pero esa es la parte negativa, pensar que se actúa en base a evitar un castigo o un temor. Aquí hay que actuar desde la perspectiva mucho más positiva, hacer desaparecer la sombra de duda que alguien tiene pero que puede ser despejada con información y con un acercamiento sereno y pedagógico. Y no sólo desde el voluntarismo de quien está impulsando la obra, sino de agentes externos del mundo asociativo y de la empresa y del comercio, de otros sitios en los que se está disfrutando y viendo las oportunidades ligadas a esta infraestructura. Ese es el camino. La apelación a que el Ayuntamiento al final tuviera que asumir alguna responsabilidad en esta materia forma parte del universo posible: cuando dos partes pactan una cosa y una la incumple, ciertamente alguien tiene que acabar asumiendo las dificultades inherentes al incumplimiento. Pero yo no me que quiero situar en ese escenario, creo que hay camino por recorrer en términos positivos para llegar a un entendimiento y permitir que la obra más importante que está haciendo la Junta en todo el territorio andaluz se acabe terminando con buen criterio, y a la postre seamos capaces de dar un instrumento a cientos de miles de ciudadanos que puedan tener un horizonte de movilidad cómoda, confortable, en el menor tiempo, con los menores riesgos y con el menor impacto posible.
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