La oposición de Alhaurín el Grande estudia iniciar acciones legales contra la secretaria

Las repercusiones del esperpéntico pleno celebrado en Alhaurín el Grande el pasado miércoles y que acabaron con una moción de censura que no llegó ni a votarse, no se han hecho esperar. La oposición, en este caso encabezada por Izquierda Unida, estudia iniciar acciones legales contra la secretaria municipal por su actitud en la sesión plenaria, que la convirtió en la auténtica protagonista de la jornada.

Desde la coalición de izquierdas entienden que la sesión se habría levantado al margen de los principios legales que rigen este tipo de plenos, y se basan, aseguran, en el propio informe de la secretaria municipal, que en su punto séptimo establece las atribuciones de la mesa de edad. A su juicio, no se había elegido presidente a ningún miembro de la mesa de edad al menos de forma clara y cuando se levantaron los concejales del gobierno acompañados de la secretaria, no se había producido ninguna votación entre los integrantes de la mesa de edad y, por lo tanto, ninguno de ellos pudo usar el voto de calidad que se le atribuye al presidente.

El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, explicó ayer que no se produjo una suspensión del pleno, sino una «desbandá» de concejales del equipo de gobierno, al tiempo que describió como «increíble» que a la cabeza estuviera la propia secretaria municipal. Castro reiteró que es esta funcionaria la que debe corregir las supuestas irregularidades que se dieron en el pleno y solucionar la situación y volver a convocar en un periodo de 48 horas. «Desde mi punto de vista, la secretaria podría estar incurriendo en un presunto delito y no me explico que actuara de una parte durante el pleno de la moción de censura».

A este respecto, el edil de Alternativa Socialista, Antonio Cárdenas, mencionó la posibilidad de una posible prevaricación el propio transcurso del pleno, y al término de éste ninguna fuerza política descartaba la posibilidad de iniciar acciones legales contra la responsable administrativa del Consistorio.

IU y José Antonio Castro fueron ayer un paso más allá, apuntando que, independientemente de las acciones que emprendan los grupos municipales de Alhaurín el Grande, la dirección provincial de IU ha pedido a los servicios jurídicos que estudien todos los hechos que han rodeado a la sesión plenaria interrumpida y la actuación de la secretaria, «una funcionaria del Estado».

Cuestiones en duda

El proceder de la secretaria no es el único punto sobre el que se basa la oposición, sino que son varios los aspectos en los que incidirán tras iniciar las acciones legales, previstas para los próximos días. Entre ellas están la cuestión de la mesa de edad;quién las compone, y qué ley se aplica para decidir el voto de edad; así como si finalmente se llegó o no a votar alguna resolución.

Asimismo, consideran «cuestionable» los argumentos esgrimidos para que la edil del PP, Mari Francis Fernández, pudiera ser declarada tránsfuga cuando aún no ha sido expulsada del PP, y solo cuenta con una suspensión temporal. Además, el pleno no habría tomado nunca conocimiento de esta declaración como no adscrita, un hecho que fue constatado por este periódico.

Por último, desde la oposición también dudan de la imparcialidad de la secretaria debido a sus informes contradictorios; dos de ellos en 2013 y otro de estos días. En esos documentos, a los que SURha tenido acceso, el argumento y la resolución son diametralmente opuestos, pese a que han sido escritos por la misma persona.