El Supremo confirma la nulidad del proyecto de los Merinos

El polémico macroproyecto urbanístico de los Merinos, que preveía la construcción de dos campos de golf y 800 chalets en una finca entre los municipios de Cuevas del Becerro y Ronda, está más que nunca en el aire. Y es que el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del Plan Parcial de Ordenación (PPO) del proyecto, al desestimar los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento y por la empresa promotora, 'Club de Campo & Golf de Ronda', perteneciente al 'Grupo Copisa', a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a finales de 2012, tumbó el citado PPO argumentando que no existen recursos hídricos en la zona para abastecer la actuación, un argumento que rebatió el Ayuntamiento insistiendo en que no habría problemas en ese sentido.

«La sentencia, pese a citar expresamente el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que regula el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica sobre la demanda de recursos hídricos, trámite introducido en 2005, cuando el plan se había aprobado en 1995, no se basa en realidad en el incumplimiento de ese obligado trámite, sino en la material escasez de recursos hídricos para las necesidades del plan parcial, valorando al respecto la prueba documental presentada con la demanda, valoración que no es susceptible de control casacional, salvo en los excepcionales casos en que ello es posible, y a través de la articulación de un motivo que aquí no se ha suscitado», recoge la sentencia del TS. La demanda inicial fue interpuesta por el Ayuntamiento de la localidad de Cuevas del Becerro y Ecologistas en Acción.

Reclamaciones millonarias

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández (PP), no quiso ayer valorar la resolución judicial argumentando que «aún no hay comunicación oficial». Desde la promotora, que ya no es propietaria de los terrenos, lo es el Banco Popular al acogerse a las nuevas medidas del Gobierno para reestructurar su deuda, anunciaron que reclamarán al Ayuntamiento la cantidad invertida que incluso podría variar de 17 millones, cifra ya desembolsada al Consistorio que resulta del convenio por aprovechamientos urbanísticos firmado con éste, al «hacer la liquidación definitiva». En la misma línea, también apuntaron a que se pedirá indemnización a la Junta «en concepto de responsabilidad patrimonial», un extremo del que también participaría el Ayuntamiento. «Sería una cifra escalofriante, nos hemos quedado sin el uso hotelero de 50.000 metros cuadrados, 800 viviendas y dos campos de golf», insistieron desde la promotora, que en verano anuncio que seguía adelante con la actuación y que ésta se rebajaba, y que tras la sentencia del TSJA suspendió temporalmente los pagos del convenio pero el Ayuntamiento se los reclamó. El acuerdo se suscribió en 2006 por 18,9 millones y, según este, hasta el 15 de diciembre de 2016 la empresa debe pagar casi 1,5 millones por año.