Un informe confirma que Torremolinos concedió subvenciones «sin base legal»

Las ayudas concedidas durante años por el Ayuntamiento de Torremolinos vuelven a estar en el punto de mira. Un informe del Área Económica revela que, desde 2007, el Consistorio subvenciona «sin base legal» un porcentaje del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un tributo que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros al año. El pleno aprobó, con los únicos votos a favor del Partido Popular, por entonces con mayoría absoluta, una subvención del 25 por ciento en 2007 y del 15 por ciento en 2012. Estas ayudas han estado aplicándose hasta septiembre, cuando la concejala de Economía y primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, anuló las subvenciones en base a un informe elaborado por la asesoría jurídica del Área, que determina que estas ayudas «incumplen los fines y limitaciones previstos en la ley y se aplican en ausencia total del procedimiento legalmente establecido».

La primera sesión plenaria que abordó esta moción tuvo lugar en junio de 2007. El entonces concejal de Economía, Antonio Díaz, aseguró que las subvenciones formaban parte «del programa electoral del PP» y, en el caso del IAE, beneficiaban a 622 empresas. El PSOE e Izquierda Unida, en la oposición, denunciaron «la inexistencia de base reguladora alguna o de ordenanza que contemple la concesión de subvenciones». Ambos grupos advirtieron de que estas ayudas «se tienen que ajustar a un procedimiento que no se está llevando a cabo». El exportavoz socialista, Juan Ortuño, recordó que la Ley General de Subvenciones no recoge este tipo de beneficios fiscales y llegó a afirmar que la moción aprobada por el PP «no cumple la ley ni los principios de capacidad económica y de progresividad».

La subvención del 25 por ciento fue aplicada desde 2007 hasta 2012, cuando se redujo hasta el 15 por ciento «con motivo de la crisis económica», según el equipo de Gobierno presidido por Pedro Fernández Montes. IU sostiene que el procedimiento de concesión «no se ajustaba a lo establecido en la Ley de Subvenciones» y que las ayudas «eran en realidad un beneficio fiscal encubierto que atenta contra la Ley Reguladora de Haciendas Locales» y llevará el asunto al pleno del 27 de octubre.

Acciones jurídicas

La coalición de izquierdas solicitará al actual Ejecutivo local que se tomen «las medidas oportunas para recuperar el dinero dejado de ingresar por estas subvenciones que no se ajustaban a la ley», así como a emprender «las acciones políticas y jurídicas que sean necesarias contra los responsables de haber aprobado y mantenido una subvención sin base legal a pesar de haber sido advertidos de ello, causando un evidente quebranto económico a las arcas municipales».

También Costa del Sol Sí Puede exige «responsabilidades políticas, administrativas y penales» y advierte al Gobierno del socialista José Ortiz de que «no basta con haber suspendido las subvenciones». El partido instrumental de Podemos, que ha solicitado a la Concejalía de Economía una relación de las empresas beneficiadas desde 2007 por estas ayudas, ya acusó la semana pasada a los populares de «contravenir la ley una vez más y beneficiar a determinadas empresas».

El interventor y el secretario municipales están recabando información para elaborar un informe al respecto de estas ayudas, justificadas por los populares «por el compromiso electoral de bajar impuestos».