En los 147 kilómetros cuadrados del término municipal de Mijas hay registradas alrededor de un millar de viviendas y construcciones irregulares. Ahora, gracias a un proyecto de ley aprobado por la Junta, que tiene que ver con la modificación de tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) podrán dejar de serlo a lo largo de los próximos meses, según avanza el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz.
Entre las ventajas más destacadas para los propietarios de las construcciones –mayoritariamente casas pero también casetas de aperos e incluso restaurantes que funcionan en diseminados– está el hecho de que podrán inscribirlas en el Registro de la Propiedad: «siempre y cuando haya prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística, no estén construidas sobre parcelas catalogadas como inundables, en territorio de especial protección y que tampoco tenga abierto ningún expediente administrativo», especifica Ruiz. Otros beneficios tienen que ver con que «podrán establecer el suministro de agua corriente y electricidad».
Mijas, por basta su extensión, junto a los pueblos de La Axarquía, son los entornos de la provincia que tienen un mayor recorrido histórico en lo que a creación de plataformas vecinales, reivindicaciones desde los ayuntamientos y propuestas al gobierno andaluz se refiere. En ambos, el problema saltó a los medios oficialmente en 2007.