Los alumnos de La Cónsula seguirán en huelga hasta que la Junta pague

Los alumnos de la escuela de hostelería La Cónsula han cumplido su amenaza y no volverán a clase hasta que la Junta de Andalucía inyecte la liquidez necesaria para que las clases se retomen con total normalidad. Los 88 estudiantes del centro formativo se han plantado y han iniciado una huelga indefinida para denunciar los incumplimientos de la Junta. Ayer ya no acudieron a clase y comenzaron a planificar un programa de movilizaciones para las próximas dos semanas.

Los estudiantes han explotado tras ver que la situación empeora conforme pasan las semanas. Comenzaron las clases con varios meses de retraso, aún no han podido estrenar el comedor de prácticas, tienen que hacerse cargo ellos mismos de la limpieza, los profesores acumulan nóminas pendientes... «No vamos a parar hasta que podamos dar las clases en condiciones, que para eso es para lo que estamos aquí», avanzó ayer uno de los estudiantes afectados.

Pese a no entrar a las aulas, los alumnos se citaron en la propia escuela para consensuar las medidas de presión a tomar. A las 9.30 horas se reunieron en uno de los salones del centro formativo para planificar una hoja de ruta que aún deben perfilar. «Vamos a hacer el máximo ruido posible, tanto en la calle como en los centros dependientes de la Junta», explicó Miguel Romero, uno de los portavoces. Tras la primera asamblea comenzaron a elaborar las pancartas que mostrarán en todos sus actos. Esta misma mañana detallarán ese calendario en un acto en el Centro. Mientras el grueso de los jóvenes se reunía en La Cónsula, otro grupo de compañeros aprovechó para pedir los permisos oportunos para realizar una gran manifestación por las calles de la ciudad. David, un estudiante de primero de Sala, confesó que la situación es insostenible porque desde que comenzaron las clases en enero sólo han podido dar teoría. «Sólo tenemos dos o tres horas de clase al día, y eso que estamos recuperando el tiempo perdido por haber empezado tarde el curso». Este alumno de Alhaurín de la Torre aseguró que ya era hora de hacer algo para hacerse oír en la ciudad. «Los profesores tampoco pueden hacer nada, nos informan de cosas, pero no nos pueden dar las soluciones que necesitamos».

También mostraron su preocupación los profesores de la escuela, que llevan desde enero sin percibir sus salarios. Aunque entienden o más bien desean que «ya se acerca la luz al final del túnel», esperan que esta misma semana se reciba la partida económica necesaria para normalizar la situación. «Vamos a esperar unos días, pero si vemos que nada mejora, también nos plantearíamos movilizaciones», resumieron.

Resolver los expedientes

Mientras estas movilizaciones se suman a las que llevan a cabo en la escuela de hostelería La Fonda, el consejero de Educación, Turismo y Comercio, Luciano Alonso, aseguró que confía en que esta semana queden resueltos los expedientes tanto de La Cónsula como de La Fonda para su tramitación ante la Intervención General de la Junta, paso imprescindible para iniciar la etapa en la que dejarán de operar en base a subvenciones europeas para depender de la recién creada Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación y disponer de presupuesto de la Administración Autonómica.

El consejero aseguró que le preocupa más la situación de La Fonda porque los empleados llevan más tiempo sin percibir los salarios, concretamente se les debe ocho mensualidades y dos pagas extras. «En La Cónsula pueden llevar como mucho un mes sin cobrar», dijo Alonso. El nuevo plazo, que llega a finales de febrero pese a que el compromiso de la Junta era que a la vuelta de Navidad estos consorcios retomarían la normalidad, tampoco tiene una fecha concreta sobre cuándo la Junta hará frente a los compromisos económicos. La confianza es que sea lo antes posible y todo ello en base a un discurso en defensa de la máxima transparencia. «La sociedad española nos exige a los poderes públicos un control extraordinario del dinero público», aseguró, para precisar que el sistema de funcionamiento anterior, con un 20% en manos de los ayuntamientos y un 80% de la Junta, no es aceptado por la Cámara de Cuentas ni por la Presidencia. Lo cierto es que el cambio de modelo está agotando la paciencia de empleados y alumnos.