La Junta pasa la pelota de las viviendas irregulares en el campo a los ayuntamientos

Los dueños de estas casas siguen denunciando que el decreto «no sirve porque no resuelve los problemas, sólo crea un limbo legal, y los ayuntamientos no quieren aplicarlo», sostienen desde colectivos como Save Our Homes (SOHA), siglas en inglés de Salvemos Nuestras Casas. Su presidente, el británico Phillip Smalley, sigue reclamando la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como única vía para conseguir «una amnistía».

Por su parte, la Junta de Andalucía, desde la llegada de la presidenta Susana Díaz, ha empezado a virar en el discurso oficial, hacia posiciones más conciliadoras. Pero, eso sí, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, lanzó el pasado jueves, en su última visita a Cómpeta, un aviso a navegantes, pasando la pelota a los consistorios, a los que pidió «más agilidad» en la labor de regularización y especialmente en las tareas de inspección para que no se sigan cometiendo irregularidades en el suelo urbanizable. «Los ayuntamientos tienen que hacer la parte que les corresponde para que la normativa pueda adquirir plena vigencia», aseguró Serrano en la Axarquía, una de las zonas de Andalucía que más se beneficiarían del decreto andaluz, puesto que la Junta identificó en ella más de 12.000 construcciones ilegales repartidas por 22 municipios, de las que unas 11.000 podrían acogerse a este texto.

La consejera expresó su comprensión por la incertidumbre que la situación de estas edificaciones sigue generando entre sus propietarios y entre los propios alcaldes de los municipios afectados, aunque insistió en que la plena aplicación del decreto «está en manos de los ayuntamientos». «Tienen que hacer la parte que les corresponde de acuerdo con lo que dice ese decreto», dijo Serrano, quien recordó que, dependiendo de su situación, las construcciones afectadas pueden incorporarse al planeamiento general, calificarse como hábitats rurales diseminados o tratarse bajo la figura del «asimilado fuera de ordenación», que sería la más común en la Axarquía.

«Una norma viva»

Serrano reiteró que para acogerse a alguna de estas clasificaciones, los ayuntamientos deben elaborar primero el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la declaración de que es innecesario. «Una vez que los ayuntamientos acometan esa parte de su trabajo que les corresponde, es cuando podrá darse la plena vigencia de ese decreto», dijo.

Serrano dejó claro que la Junta de Andalucía está «a disposición de los ayuntamientos y de los alcaldes» para «ayudarlos a solucionar esta problemática, que es compleja y difícil», y aseguró que se está estudiando la normativa urbanística de la Consejería «para ver cómo se puede aplicar el decreto y desplegar toda su fuerza». Consideró que el texto «es una norma viva, que tiene dos años de vigencia», y se mostró dispuesta a «ver en qué la podemos mejorar o estudiar cómo complementarla para que a los alcaldes les sirva». No obstante, remarcó que las competencias en disciplina urbanística «las tienen los ayuntamientos», por lo que, aunque desde la Consejería «supervisamos que se cumpla la legalidad», son los consistorios «los que tienen que vigilar que no haya edificaciones en el suelo no urbanizable y que no se incumpla la norma urbanística».