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LALIA GLEZ.-SANTIAGO
Lunes, 1 de febrero 2016, 00:10
La eliminación de trabas burocráticas para facilitar la apertura de negocios en Andalucía no será efectiva hasta que los ayuntamientos, que son los competentes en otorgar las licencias, adapten el decreto aprobado por el Gobierno andaluz. Esta norma, publicada en el Boletín Oficial de la Junta del pasado 15 de enero, sustituye este trámite de licencia por la declaración responsable en 36 actividades económicas. De este modo, los nuevos empresarios ahorrarán una media de seis meses en el tiempo necesario para poner en marcha su negocio. Es más, según declararon el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, y el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara, bastarán tres días para poder levantar la baraja.
Los ayuntamientos andaluces han acogido de manera entusiasta la nueva norma, según expresaron fuentes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), entidad con la que el consejero se reunió para explicar las novedades del decreto y pedirles, así como a los sindicatos UGT y CC OO, que colaboren a su difusión y aplicación efectiva.
La FAMP facilitará a los 778 ayuntamientos y a las ocho diputaciones de la comunidad la adaptación de sus ordenanzas a este decreto. En especial, se dispone a hacerles llegar los boletines de los formularios de la 'declaración responsable' para que a su vez las entreguen a las personas interesadas. Asimismo, los impresos se colgarán en las webs municipales.
Las fuentes de la FAMP consultadas indicaron que ningún municipio por razones de signo político u otras se ha descolgado de este acuerdo, al que dan la bienvenida por su potencial para crear empleo y negocio. Además de que repercutirá en el propio nivel de ingresos de las corporaciones locales si se anima la actividad económica.
La Consejería y la FAMP han trazado un plan de actuación que pilotará la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia para llevar a cabo la implantación del decreto y que incluye, entre las actuaciones principales, la adaptación de todas las normas municipales a los requisitos establecidos en el decreto; la puesta a disposición por parte de los municipios andaluces de las herramientas y mecanismos suficientes para que los operadores económicos puedan presentar el modelo de declaración responsable de manera telemática, ágil y automática, y, en último lugar, el fomento de una cultura de simplificación administrativa en las personas encargadas de la tramitación de estas declaraciones responsables, a través de programas de formación específicos, según informó Economía.
No obstante, el decreto suscita dudas en diversos operadores, en especial en los profesionales encargados de realizar hasta ahora las declaraciones de impacto ambiental, y acerca de cómo se va a realizar el control de estas nuevas actividades. Economía explica que el control no desaparece, sino que se sustituye el previo por un procedimiento de revisión posterior de los requisitos establecidos en la regulación sectorial aplicable. Indican además que «las actividades que se ven beneficiadas por este cambio se estudiaron de forma pormenorizada en la propia redacción de la Ley 3/2014, y son actividades de escaso impacto ambiental», por lo que consideran que no se corren riesgos de que una empresa contamine durante meses hasta que llegue la revisión posterior.
Requisitos
En este sentido, remiten al punto 3 del Decreto: «Mediante la presentación de la declaración responsable, de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya, la persona interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que reúne los requisitos exigidos en la normativa vigente y dispone de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. En su caso, para las actividades comprendidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sujetas a calificación ambiental mediante declaración responsable 'CA-DR', la declaración responsable incluirá además los efectos ambientales que comprenderán: la manifestación de la persona titular de la actuación, bajo su responsabilidad, que ha ejecutado o ejecutará la actuación cumpliendo los aspectos considerados en el análisis ambiental; que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente; que dispone de la documentación que así lo acredita, incluyendo los títulos administrativos que procedan; y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de las actuaciones, así como durante su cierre y clausura».
Asimismo, la norma prevé que en aquellos incumplimientos que puedan detectarse de la declaración responsable se aplicará el procedimiento establecido en la Ordenanza del municipio correspondiente, ofreciendo seguridad jurídica al ciudadano, pudiéndose llegar al caso del cierre del negocio, como ocurre hoy día ante la falta de licencia o el incumplimiento de alguna otra normativa.
Entre las 36 actividades en las que se reducen trámites, en general pequeñas y medianas empresas, hay talleres de reparación de vehículos, carpinterías, tintorerías, venta al por menor de fruta o verduras, carne o pescado, congelados, panaderías u obradores de confitería y pastelería, lavanderías, gimnasios con capacidad máxima para 150 personas, imprentas, almacenes de droguerías, piensos y plaguicidas, chatarrerías, etc.
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