La jueza Alaya pide a Fomento las adjudicaciones a Fitonovo en los últimos 15 años

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una «organización criminal jerarquizada que tendría como centro» a Fitonovo, ha reclamado a la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento los expedientes de obras adjudicados en los últimos 15 años a esta empresa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición realizada por el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y reclama a Fomento los expedientes de obras adjudicados en los últimos 15 años a Fitonovo, Fiverde, Construcciones Verdes del Sur de Andalucía y Klevin.

Asimismo, y en este auto fechado el pasado día 18 de noviembre, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla reclama al Ministerio de Fomento los expedientes de obras o servicios que, «no habiendo sido adjudicados a estas sociedades, hayan sido ejecutados por las mismas».

De igual modo, la instructora solicita a la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento que informe de «las competencias y funciones que desempeña o ha venido desempeñando durante los últimos 15 años» el funcionario de la delegación de este departamento en Sevilla, Rubén Francisco Galeote Espejo.

También pide a Fomento que informe de «la intervención que tuvo este funcionario» en los expedientes de contratación de esa Dirección General de Carreteras «que afectan a los negociados en los que viene desarrollando su trabajo», así como sobre «la intervención del mismo durante la ejecución de los trabajos relacionados con los servicios u obras contratadas y expedición de certificaciones u órdenes de pago de los trabajos ejecutados».

Comisión

La jueza considera que los directivos de Fitonovo, a través de su director comercial, Juan Andrés Brugueras, habrían abonado a este funcionario, jefe de Planeamiento de la demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental, la suma de 20.000 euros por facilitar la ejecución del contrato de obra de estabilización de un talud en la carretera N-352 de Ceuta.

Así, la magistrada señala que dicha «comisión» de 20.000 euros, efectuada en dos pagos de 16.500 y 3.500 euros, «iría incluida presuntamente con la connivencia del funcionario en el precio de la obra, con cargo a las arcas públicas».