El Parlamento pide revisar el recurso a la ley antidesahucios por basarse en «datos falsos»
La Sareb informó de que contaba con 911 VPOen su cartera de activos en Andalucía pero redujo la cifra a 99 tras iniciar expediente la Consejería de Fomen
Lalia González
Viernes, 28 de noviembre 2014, 01:58
Las alertas por el incesante incremento de deshaucios y la falta de acceso a la vivienda han vuelto a saltar y la Junta redobla su ... lucha por rescatar su normativa en esta materia de la paralización impuesta por el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC). El asunto, planteado en el debate de una iniciativa presentada por el portavoz de IU, José Antonio Castro, se plasmó por la tarde en la aprobación, con el voto en contra del PP, de una proposición no de ley por la que la Cámara andaluza acuerda instar al Consejo de Gobierno a trasladar al TC la documentación que acredita que la decisión que este tribunal adoptó de suspender la Ley de Función Social de la Vivienda, la llamada ley antidesahucios, se basó en datos falsos ofrecidos por el llamado banco malo, la Sareb, de modo que ahora el tribunal «adopte la resolución que corresponda a la luz de las nuevas circunstancias».
La PNL, presentada por IU, asegura que la Abogacía del Estado presentó ante el TCun informe con datos falsos que facilitó la citada sociedad:afirmó contar con 911 viviendas protegidas en su cartera andaluza, pero que redujo a 98 cuando la Junta inició expediente por no estar a disposición de los registros municipales.
La proposición considera que el recurso del Gobierno central se basaba en que la ley andaluza provocaría «una pérdida absoluta de valor de la cartera traspasada a la Sareb, ya que ningún inversor comprará viviendas en Andalucía cuando una norma permite al adquirente permanecer tres años en ella sin satisfacer renta alguna al propietario, lo que convierte en inviable la venta del inmueble».
Argumentos del recurso
Aludía también al gran impacto negativo que la ley andaluza tendría «en la actividad y el plan de negocio de la Sareb, lo que incrementará los costes de reestructuración bancaria asumidos por el Estado».
La proposición no de ley aprobada por la Cámara andaluza concluye que «los datos falsos aportados por el Gobierno al Constitucional han servido para fortalecer su posición contraria a la ley por lo que cabe razonablemente pensar que sin datos falsos el TCno sólo tiene mejores elementos de juicio con los que pronunciarse sobre el fondo del asunto sino que también pudo haber adoptado otra decisión sobre la suspensión cautelar».
Ayudas al alquiler por 4,3 millones para las personas en mayor riesgo de exclusión
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En el transcurso del pleno del Parlamento de ayer la presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció que va a poner en marcha diversas ayuda en materia de vivienda, la principal de ellas una partida de 4,3 millones de euros para el arrendamiento de viviendas de protección oficial destinada a personas en situación «de especial vulnerabilidad».
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Asimismo, la Junta facilitará que los ayuntamientos pasen de venta a alquiler sus viviendas de protección oficial «porque parte del gasto del arrendamiento lo va a asumir la Junta», dijo la presidenta. También destinará ayudas a las familias con ingresos menores de 2,5 veces el Iprem y completará con 41 millones el Plan estatal de vivienda, destinado a rehabilitación.
La PNLaprobada incluye también quese solicitará a través de la Consejería de Fomento y Vivienda la documentación para que los servicios jurídicos de la Cámara la aporten al Tribunal Constitucional para que «tome en consideración también por esta vía de la falsedad de los datos aportados por el Gobierno central en su recurso».
La portavoz del PP, Alicia Martínez, no apoyó la propuesta y dijo que el recurso fue decidido no en base a datos, sino para «garantizar el cumplimiento de la Constitución y la igualdad de los españoles».
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