Un concurso que todos quieren ganar

Hay algo que une en Málaga a abogados, economistas, titulados mercantiles y censores jurados de cuentas: querer ser administradores de un concurso de acreedores. Bueno no a todos, sino al millar que aspiran a dar el pelotazo económico estando al frente de uno de estos procedimientos judiciales de especial relevancia, como por ejemplo han sido los del Málaga, Aifos o recientemente el de Isofotón. Aunque es cierto que no todo el monte es orégano, también lo es que hay una duda sobre los posibles tratos de favor que se dan a estos profesionales. Y todo porque el administrador concursal lo elige de manera discrecional el juez de lo mercantil.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan que entre los aspirantes cada vez es más creciente su malestar, al considerar que en muchas ocasiones se dan casos de favoritismo, o sea, que algunos aspirantes tienen siempre más suerte que otros. Y es que hay mucho dinero en juego. Baste como ejemplo que los administradores de Aifos cobraron unos 300.000 euros. El récord, conocido, lo tienen los que llevaron el caso del Grupo Jale, que aunque tuvieron que devolver los casi dos millones y medio que cobraron de más, se embolsaron cada uno casi un millón. No todos estos profesionales pueden aspirar a ser nombrados, sino aquellos que se apuntan a una lista en sus correspondientes colegios. Los requisitos que tienen que cumplir son llevar más de cinco años de ejercicio y tener formación sobre los procesos concursales, conocimiento que se adquiere en los diferentes cursos que organizan los propios colegios, en algunas ocasiones con la colaboración de las grandes firmas de despachos de abogados o de economistas. A partir de ahí, todo depende del dedazo del juez.

Esto genera muchas suspicacias, porque en estos cursos suelen participar los propios magistrados que después son los que nombran a los administradores concursales. Sin embargo, hay medidas correctoras para evitar un uso no ya discrecional, sino arbitrario de los magistrados. La más importante es la limitación que tienen. Cada profesional que está apuntado en la lista, que se manda cada mes de diciembre a los juzgados mercantiles, no pueden ser nombrados más de tres veces en dos años por juzgado. O sea, que en Málaga pueden acumular seis casos en dos años al haber dos órganos jurisdiccionales de lo mercantil. Ello no obsta para que puedan estar en listas de otras provincias, para lo que tendrían que estar debidamente habilitados en los colegios correspondientes. Los administradores concursales tienen un privilegio bastante importante, porque cobran a devengo, o sea, contra la factura presentada. O sea, que el resto de los acreedores van detrás.

Eso sí, si hay dinero. En este caso no tardan mucho en recibir la mitad de sus emolumentos: cinco días después de que el juez apruebe el primer informe de las cuentas. Cuanto peor, mejor para ellos. El dinero que cobran está fijado en un reglamento que se dictó en el año 2004. El sistema es singular pues se tiene en cuenta tanto el activo como el pasivo de la empresa que se encuentra en concurso. Hay un fijo teniendo en cuenta la cantidad y además se le aplica un porcentaje si supera la misma. El dinero que ganan es el resultado de sumar estas cantidades del activo y del pasivo (ver tabla).

El juez decano, José María Páez, defiende el sistema actual, «siempre que haya un control y se dé publicidad a los cursos que se organizan. O sea, que se controle si un juez va a estos cursos, cuánto cobra y si después hay alguna relación entre los organizadores y los nombrados por él en procesos concursales. Ahora bien, siempre habrá descontento entre los que no son elegidos nunca». El decano del Colegio de Economistas, Juan Carlos Robles, asegura que es muy difícil encontrar el sistema adecuado, «pues nosotros no ponemos en duda la buena fe de los jueces de lo mercantil de Málaga que son los que eligen a los administradores concursales». Pese a ello, Robles también añade un dato que alimenta las suspicacias: «Es cierto que hay compañeros que no llegan a acceder a su primer concurso». Ante eso, el decano de los economistas afirma que estos profesionales apuestan por un sistema de turnos, «aunque también tiene sus imperfecciones pese a que nosotros exigimos un nivel muy alto para estar en las listas».

Los economistas malagueños que optan a ser administradores tienen que demostrar 30 horas anuales de formación relacionados con los procesos concursales. «En otros colegios no piden tanto como nosotros», apostilla Robles. Sobre un sistema de sorteos, el decano de los economistas también alerta de que un administrador podría estrenarse con un concurso como el de Aifos, en el que además de los conocimientos, que se dan por supuesto, hace falta tener una gran estructura en el despacho. Este profesional asegura que en la mayoría de los casos no cobran «ni un duro», pese a que un concurso tienen que estar entre tres o cuatro años de trabajo. El decano apunta que hay que aspirar a conseguir a la persona idónea. «Para ello, los jueces pueden acceder a los currículos de nuestros compañeros, donde se puede ver si están especializados, por ejemplo, en materia laboral. Ahora bien, ¿Cómo se consigue esto? Es difícil, la verdad», apostilla. Robles también reclama un mayor protagonismo de los economistas frente a los abogados. «Hay que tener en cuenta que en un concurso lo que se persigue es ayudar a una empresa a salir adelante, y para ello es mejor tener conocimientos financieros».

Sobre este particular, es decir, quién es el profesional más idóneo, hay discrepancias. El decano del Colegio de Abogados, Javier Lara, asegura que los letrados además de tener la formación jurídica tienen una formación contable continuada, «de ahí que en los nombramientos tendríamos que tener un peso importante». El representante de los abogados malagueños es partidario de que se instaure un sistema de turnos, porque no están contentos con la actual situación. De hecho, el Colegio de Abogados está haciendo un estudio para ver cuáles han sido los nombramientos y, lo que es más importante, sobre quiénes han recaído los casos que tienen una cuantía más importante. «Se trata de despejar las dudas que pudieran surgir», apostilla Lara.

Las fuentes consultadas han coincidido en que en numerosas ocasiones los administradores concursales no cobran nada, porque las empresas no tienen dinero. Sin embargo, hay 468 abogados, 137 economistas y 484 censores de cuentas que esperan su oportunidad. Desde el comienzo de la crisis, en 2007, se han registrado en los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga casi 800 asuntos. No hay para todos, aunque algunos han llevado más de 10 casos. Y de los buenos...