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M. C. JAIME
Viernes, 3 de mayo 2013, 04:09
El Ayuntamiento de Mijas prepara estos días un acuerdo para la cesión de una parcela municipal que sirva como pago a una deuda de 3,1 millones de euros que la localidad mantiene con la junta de compensación del sector Ensanche de la Cala. Estos organismos se crean para hacer frente a los costes derivados del desarrollo urbanístico de un entorno.
Y es que, el Consistorio posee en la zona en cuestión una parcela de 16.000 metros cuadrados: terreno que supone un 9,59% del total del área urbanística. Sin embargo, la administración local aún no ha hecho frente a las cantidades que le corresponden por la ejecución de las obras de desarrollo del sector.
Ahora, la junta de compensación, de la que es mayoritaria la sociedad Acinipo entidad perteneciente al grupo Unicaja, reclama al municipio la deuda pendiente: diversas facturas que suman 2.064.000 euros más IVA además de los intereses de demora.
A pesar de los varapalos que en las últimas semanas se está llevando en la economía municipal mijeña, Burgos hace un llamamiento a la calma «porque este equipo de gobierno garantiza el normal funcionamiento del Ayuntamiento, el pago a proveedores actuales y que los trabajadores municipales cobren todos los meses».
Esta nueva reclamación, aún en la vía administrativa, engrosa el listado de pagos pendientes que el actual equipo de gobierno debe afrontar este año derivados «de la despreocupación y el desgobierno de los anteriores mandatarios del PSOE», critica la primera teniente de alcalde, Lourdes Burgos.
En este sentido, hace escasos días la administración local pagó un total de 1.764.229,74 euros, derivados de la deuda que mantenía con la empresa que en 2005 cedió al Consistorio el conocido como 'Llano de la Candelaria', sin que los anteriores equipos de gobierno compensaran a la propiedad con los aprovechamientos urbanísticos en sectores que aún no se han desarrollado.
Por otra parte, recientemente un juez ha fallado en contra del Ayuntamiento por el impago a una promotora inmobiliaria por la ejecución de unos viales en las proximidades de la carretera que une La Cala con Entrerríos. El anterior equipo de gobierno se comprometió con la promotora al pago mediante un solar, pero nunca entregó los terrenos, por lo que la empresa acudió a los tribunales exigiendo el pago por los trabajos, valorados en 1,4 millones de euros.
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