El Poder Judicial reprocha a los jueces la convocatoria de una huelga sin cobertura legal

Los jueces carecen de «cobertura legal» para convocar un paro laboral. Así de contundente fue la respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cerrar la puerta a los huelguistas. En una declaración institucional sin precedentes, los veinte vocales y el presidente Carlos Dívar decidieron ayer por unanimidad rechazar las peticiones enviadas por diversas asambleas provinciales que acordaron parar el próximo 18 de febrero y reclamaron del órgano de gobierno de la judicatura que regulase los servicios mínimos.

En menos de tres horas de reunión, el consejo dio por zanjada la duda legal que pendía en las últimos meses sobre la judicatura: sobre si ese poder del Estado tiene o no derecho a la huelga. Entiende que la Constitución no dice nada sobre si a la judicatura le ampara este derecho, por lo tanto, elude emitir un dictamen sobre el asunto.

Pero «no hay base normativa» para regular el ejercicio de ese derecho, por lo que el Poder Judicial rechaza establecer los servicios mínimos como le pedían asambleas y juntas de jueces de 32 partidos judiciales, así como dos asociaciones profesionales: Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que a última hora se sumaron al paro del 18 de febrero y rompieron el frente unitario que formaban junto a las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia.

Análisis

La portavoz del consejo, Gabriela Bravo, dejó claro que, en caso de que los jueces secunden la huelga, el Poder Judicial analizará «caso por caso» por si estuvieran incurriendo en una falta disciplinaria grave por dejación de funciones, ya que estarían incumpliendo el principio de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva. «Tienen que estar el día 18 en sus puestos de trabajo», advirtió.

La decisión de rechazar la huelga no es definitiva, ya que los huelguistas pueden recurrir la decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Varios vocales aseguraron ayer que ven difícil que su recurso prospere. «Como patrón de los jueces les decimos que no, que la Constitución no ampara el derecho a la huelga de un Poder del Estado», señalaron.

La decisión del Supremo podrá ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que alargará la disputa jurídica varios años.

El consejo tendió una mano a los huelguistas al reconocer que los jueces trabajan con un grado de dedicación y esfuerzo personal «encomiable y digno de todo respeto», pese a que realizan su labor en condiciones que no responden a las necesidades exigibles.

Por ello llamó al diálogo y a la negociación como cauce para solventar los problemas que penden sobre la Justicia. Pidió a los jueces díscolos que apoyen las reuniones que para este fin mantienen el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con una parte de las asociaciones judiciales.

«Ante las convocatorias de paro anunciadas para el próximo día 18 de febrero, el CGPJ considera que dichas medidas, por su gravedad y efectos en la prestación de un servicio público fundamental, resultan difícilmente conciliables con los objetivos que persiguen y carecen de justificación cuando está abierta la vía del diálogo con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas y se aprecia una voluntad clara de profundizar en el proceso», concluye la declaración institucional.