Abren expediente al Colegio de Arquitectos por coartar el trabajo de los aparejadores

En el último año, arquitectos y aparejadores han librado en Málaga una batalla a cuenta de su actuación profesional. El Colegio de Arquitectos ha denunciado ante diferentes ayuntamientos de provincia, incluido el de la capital, y ante el Obispado, que los arquitectos técnicos y aparejadores se estaban encargando de trabajos para los que, según el colegio, carecían de competencia. A raíz de todas estas denuncias, algunas de las cuales fueron archivadas, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos presentó una reclamación ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que ha llevado a este organismo de la Consejería de Economía a abrir expediente sancionador al Colegio de Arquitectos de Málaga.

En concreto, se han abierto tres expedientes idénticos contra el colegio que, según se indica en la web de la citada agencia, se encuentran en marcha desde el pasado 7 de octubre. Según explicó el abogado Juan Ramón Fernández-Canivell y Toro, asesor jurídico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, el consejo andaluz de aparejadores consideró que el Colegio de Arquitectos «incurría en prácticas restrictivas de la competencia, pues negaban que los arquitectos técnicos puedan informar licencias de obras, dirigir áreas de infraestructuras o urbanismo en los ayuntamientos, emitir determinados informes de la Inspección Técnica de Edificios, intervenir en los expedientes de edificaciones fuera de ordenación en suelo no urbanizable, e incluso negaban la competencia de los aparejadores y arquitectos técnicos para intervenciones parciales en edificaciones tales como la sustitución de forjados, y otras que no afectan a la configuración, volumen o al conjunto de la estructura de los inmuebles, para lo que están amparados conforme a la normativa vigente», expuso.

Uno de los ejemplos de este conflicto entre arquitectos y aparejadores fue la rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Málaga, proyecto para el que el Obispado contó con el arquitecto técnico Pablo Pastor, director de otros proyectos de restauración de templos de la capital y la provincia cuyos resultados han sido muy bien acogidos.

Indicios

Fernández-Canivell explicó que la Agencia de Defensa de la Competencia ha considerado que, de las actuaciones emprendidas por el Colegio de Arquitectos, «se deduce la existencia de indicios racionales de una práctica restrictiva de la competencia» que tiene como objetivo «dificultar la contratación de los aparejadores y arquitectos técnicos tanto por las administraciones como por otros operadores, tratando de conseguir una reserva de actividad a favor de los arquitectos, en detrimento de otros técnicos».

Se inicia ahora un plazo de 18 meses para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores abiertos, que pueden finalizar o no en una condena expresa al Colegio de Arquitectos de Málaga. Para llevar a cabo su tramitación, se ha declarado como parte interesada a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Los expedientes se basan en una posible vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Según esta norma, «se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional». Según el contenido de esta ley, la vulneración de este artículo podría suponer una infracción grave que estaría penada con una sanción de hasta el 5% del volumen de negocios total de los arquitectos que forman parte del colegio, o de más de 501.000 euros en el caso de que no sea posible delimitar ese volumen de negocios. Además, la ley prevé de multas de hasta 60.000 euros para cada uno de los representantes legales o personas que integran la dirección del Colegio de Arquitectos, como persona jurídica, que hayan intervenido en el acuerdo o decisión de llevar a cabo actuaciones con el objetivo de coartar la actividad profesional de los aparejadores.