El Gobierno andaluz, apesadumbrado por el ingreso en prisión de Fernández

Al Gobierno andaluz le causa «pesadumbre» el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, decretado por la jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, tal y como manifestó ayer la portavoz del Ejecutivo en funciones, Mar Moreno. Así, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, defendió «el trabajo intenso y positivo» del exconsejero para la resolución de «importantes conflictos laborales». Y es que la representación judicial de la Junta de Andalucía en el caso, que ejerce como parte acusadora, no consideraba necesario el ingreso en prisión del exconsejero al entender que una fianza y su comparecencia semanalmente en el juzgado era suficiente, reiteró Moreno.

En su último Consejo de Gobierno como portavoz en funciones, Moreno aseguró que el fraude en los ERE es «un caso del pasado» que «no afecta al Gobierno saliente y mucho menos al futuro Gobierno», por lo que rechazó que se tengan que exigir responsabilidades políticas a Manuel Chaves o José Antonio Griñán por tener a Fernández como consejero cuando fueron presidentes. Preguntada por si la Junta teme una cascada de ingresos en prisión de otros imputados, como el director general de Empleo, Daniel Rivera, Moreno dijo que el Gobierno andaluz afronta el caso sin «ningún tipo de temor» así como con «valentía» para investigar, denunciar y «llegar al fondo del asunto afecte a quien afecte».

La consejera de la Presidencia aseguró que la Junta va a seguir colaborando hasta el esclarecimiento final del caso para «castigar a los culpables» y recuperar «hasta el último euro» presuntamente defraudado. Moreno defendió, además, que la Junta ha sido «firme y contundente» en la denuncia e investigación del caso, y ha expresado su deseo de que Fernández pueda «defender su inocencia».

Medida «desproporcionada»

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, calificó de «desproporcionada por innecesaria» la decisión de Alaya, ya que éste «ha demostrado a lo largo de estos meses que va a colaborar plenamente» con la Justicia y que «no va a tomar ninguna posición personal que signifique una distorsión de la instrucción ni de la causa».

Jiménez reiteró «su respeto a las decisiones judiciales» pero dejó claro que «desde una visión de la cosas y una comparación con otras situaciones y del propio trayecto de este caso» su formación considera «desproporcionada» la medida de la jueza Alaya.

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que la Justicia tiene que llegar «hasta el final, alcance a quien alcance, para que la ciudadanía se quede tranquila y satisfecha de que se ha hecho un trabajo para esclarecer uno de los elementos más negativos de la corrupción que ha tenido nuestra Comunidad». Valderas, que apuntó que la Justicia ha debido advertir «elementos y razones» como para enviar al exconsejero de Empleo a prisión, dijo no querer opinar sobre el planteamiento de la jueza: «Lo que sí creo es que la Justicia tiene que llegar al final y que también es importante que el Parlamento vaya a empezar a trabajar y a investigar desde el plano político y administrativo».

Comisión de investigación

«La Justicia sigue inexorablemente su curso y debe seguirlo caiga quien caiga», señaló Diego Valderas, que insistió en que la Cámara andaluza inicia su camino de la mano de una iniciativa parlamentaria para crear una comisión de investigación solicitada por IULV-CA y que será respaldada por el resto de grupos. Para el coordinador general de IULV-CA, en un asunto de estas características hay que poner «el mayor nivel de transparencia y de claridad para llegar al fondo, alcance a quien alcance».

El exministro socialista y diputado en el Congreso Ramón Jáuregui se mostró «convencido» de que la resolución final en el caso de las irregularidades detectadas en los ERE «exonerará de responsabilidad» a Fernández, si bien aseguró que respeta la decisión de la jueza Mercedes Alaya.

Sobre este asunto, el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, indicó que en Andalucía «hay que empezar» por que los cargos públicos «reduzcan sus salarios» y que «el esfuerzo tiene que ser absolutamente solidario y proporcional al conjunto de los trabajadores que dependen directa o indirectamente de la Junta». Pastrana animó a los trabajadores a salir a la calle en las próximas movilizaciones del 29 abril y 1 de mayo, y señaló que los salarios en Andalucía, «no son especialmente altos».