El empleo sumergido le cuesta al Estado 336 millones al año en Málaga

Mientras las administraciones públicas se esfuerzan por exprimir los ingresos y recortar los gastos para arreglar el desaguisado que ha causado la crisis en sus cuentas, un río de dinero sigue escapándose al control del Estado a través de la economía sumergida. En Málaga, la Seguridad Social pierde cada año más de 336 millones de euros en cuotas sociales que podría recaudar de no existir el fraude laboral, según cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. Si además el fraude fiscal se redujera hasta niveles europeos -es decir, en diez puntos del PIB-, el Estado recaudaría 995 millones más al año en la provincia (incluidos los citados 336 millones de cuotas sociales).

El empleo sumergido mueve cada año 2.070 millones de euros en Málaga, el equivalente al 7,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos ofrecidos por Gestha. Solo Sevilla la supera a nivel autonómico en la cantidad de dinero defraudado a la Seguridad Social, con 2.342 millones. En toda Andalucía, el fraude laboral representa un movimiento anual de 11.549 millones de euros. Dichas cantidades no solo se corresponden con personas que trabajan sin contrato o sin estar dadas de alta como autónomos, sino con horas no cotizadas y con empleados adscritos a categorías profesionales inferiores a las que deberían ocupar, entre otros tipos de irregularidades. Este trabajo no declarado genera el 33,8% del PIB sumergido total, cifrado por Gestha en 6.127 millones de euros anuales en Málaga.

El autoempleo es uno de los ámbitos donde más prolifera el fraude laboral y fiscal. Así, los colectivos de autónomos calculan que más de 28.000 personas están desempeñando actividades por cuenta propia sin declarar en la provincia, ejerciendo una competencia desleal con los profesionales que sí siguen las reglas del juego. Este nutrido colectivo de profesionales que operan al margen de la Seguridad Social y el fisco está formado fundamentalmente por autónomos que han dejado de pagar sus cuotas al ver mermado su negocio por la crisis y por parados que, cobrando o no una prestación, realizan trabajos por cuenta propia 'en B'.

Plan antifraude

El Gobierno aprobará el viernes por real decreto-ley su plan de lucha contra el empleo sumergido. En el último borrador conocido se prevé conceder un plazo de dos meses -hasta el 30 de junio- para que los empresarios regularicen de forma voluntaria a sus plantillas en negro. Eso les evitará ser sancionados, pero no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades. Una vez agotado ese período, los empleadores deberán hacer frente a sanciones más duras que las previstas en las normas actuales.

Tanto los sindicatos como los colectivos empresariales se han mostrado decepcionados con este plan, que consideran incompleto. Su principal hándicap, según los expertos, es que no incide en el fraude fiscal, que va indisolublemente ligado al laboral. «Para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan disponer de dinero negro para poder pagar al trabajador. Así que una lucha más efectiva contra el fraude fiscal atacaría de raíz la economía sumergida en materia laboral», explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.