José Luis Palma, socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados: «Los empresarios se quedan cortos al reclamar sus deudas a la Administración»

Los ayuntamientos de la provincia adeudan cerca de 400 millones de euros a los empresarios locales. Con facturas pendientes que en algunos casos datan de los años 90 y con el grifo del crédito casi cerrado, muchas pymes malagueñas se las ven y se las desean para sobrevivir y mantener los puestos de trabajo. Aunque el plazo medio de pago de los consistorios malagueños -370 días- supera con creces el máximo fijado por ley -60-, son pocos los casos que llegan a los tribunales por el miedo de los proveedores a no volver a ser contratados y por el colapso judicial. Así se puso de manifiesto ayer en la jornada 'Cómo cobrar a la administración... y no morir en el intento', organizada por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) junto al bufete Gómez-Acebo & Pombo Abogados en la que el socio director del despacho, José Luis Palma, instó al centenar de asistentes a utilizar todas las vías legales para cobrar. «El contratista no está siendo lo suficientemente exigente», advierte.

-¿Conseguir que las administraciones paguen sus facturas es hoy una misión imposible?

-Más que imposible, es algo lento y muy complicado, aunque no todas las administraciones son iguales, las hay que atienden los pagos con una regularidad llamativa.

-Antes de la crisis no era habitual esta morosidad...

-Entonces había una demora razonable. Si el plazo máximo es de 60 días y cobras en 90 o 120, entra dentro de lo tolerable. El problema es que pase un año y medio, porque el empresario tiene que hacer frente a sus gastos internos, y si paga algo que no cobra, lo que está haciendo es financiar a la Administración. Hay empresas que están teniendo problemas muy serios por este motivo.

Prefieren esperar

-¿Se está utilizando la vía judicial para reclamar los pagos?

-Los empresarios, si razonablemente cobran, prefieren esperar antes que acudir al juzgado.

-Pero hay ayuntamientos que tienen deudas pendientes de hace más de diez años...

-En estos casos la vía judicial se contempla más, pero no es habitual, deciden esperar porque los jueces tardan mucho tiempo en resolver. Cuando alguien lleva años esperando debe ir a los tribunales, sobre todo por una cuestión financiera, ya que el dinero pierde valor.

-¿El miedo a no volver a ser contratados también les echa para atrás?

-Sí, en determinados ámbitos locales, en los que las administraciones están muy cercanas a las empresas, no quieren ser muy reclamantes para evitar que en el futuro no les tengan en cuenta. Pero estamos viendo cada vez más personas que recurren a los juzgados porque los empresarios ya no toleran las demoras sistemáticas.

-¿Hay algún tipo de artimaña que utilicen las administraciones para eludir el pago de sus deudas?

-No utilizan artimañas, lo que les pasa es que han adquirido muchas obligaciones, se han acostumbrado a demorar los pagos y por desgracia el contratista no está siendo lo suficientemente exigente, simplemente hace reclamaciones verbales, pero hay otros métodos judiciales para exigir el pago de acuerdo con la ley. El contratista tiene que ser activo, no quedarse esperando a que se acuerden de él. Está en juego la viabilidad de la empresa.