Así se define el consentimiento en la ley del 'Solo sí es sí', que entra hoy en vigor

Iván Gelibter

Viernes, 7 de octubre 2022, 00:22

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El caso de 'La manada' y los hitos judiciales por los que fue desfilando hasta acabar en el Tribunal Supremo no solo fueron relevantes para la judicatura, sino que afectó al conjunto del país y derivó en un intenso debate social en unos años en los que el movimiento por la igualdad en general y el feminismo en particular tuvieron su momento de auge. Hace apenas un mes y medio, el Gobierno central aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llamada en la calle la ley del 'Solo sí es sí'; una legislación que entra hoy en vigor, y que entre otras cuestiones se basa en la sentencia del Supremo sobre el citado caso, en la que se hacía referencia a la necesidad de que existiera un consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales.

Más allá del debate político, algunos de los artículos de esta recién estrenada legislación contienen elementos novedosos que han causado algunas «dudas» dentro de la abogacía, especialmente en lo referente al citado consentimiento. Con la intención de arrojar algo de luz sobre este asunto, el Colegio de Abogados de Málaga organizó este jueves una formación sobre el 'Solo sí es sí' en la que el abogado penalista Rafael Ramos puso sobre la mesa las cuestiones más relevantes.

Según la nueva legislación, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. «Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años», matiza el texto legal. Pero, ¿qué es el consentimiento? En la ley se establece que solo se entenderá que hay consentimiento «cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Para Rafael Ramos, esta definición no cambia en exceso la situación actual, ya que considera que se trata de un «concepto jurídico indeterminado». Si bien hasta ahora la legislación no hacía referencia al consentimiento como tal, el jurista sostiene que seguirá siendo una interpretación de los jueces sí realmente hubo o no tal consentimiento en la relación sexual. «Esta ley tiene muy buenas intenciones, pero dudo de que suponga un antes y un después a la hora de evitar casos como el de 'la manada', que se producen en la intimidad», afirma. A su juicio, habrá que esperar las futuras sentencias para comprobar cómo se interpreta la ley.

Cambios en legislaciones

La entrada en vigor de esta ley modifica además -en mayor o menos medida- cerca de una decena de legislaciones, como la de violencia de género o hasta la de la Seguridad Social. Además de la inclusión del término de consentimiento, esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual supone un cambio importante en las penas por las agresiones sexuales.

De hecho, el texto legal modifica el Código Penal y hace desaparecer el delito de abuso sexual para convertirlos todo en agresiones sexuales. Este cambio tiene mucho que ver con lo establecido en el Convenio de Estambul y la necesidad, precisamente, de que el delito tenga más que ver con el consentimiento que con otras cuestiones.

De esta manera, la agresión sexual sin penetración pasa de entre 1 y 5 años de cárcel a entre 1 y 4. Si hay penetración la horquilla pasa de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12, y se establece un tipo atenuado de agresión sexual con penas de un año de prisión o multa de 18 a 24 meses.

Por último, Rafael Ramos explicó otra serie de cuestiones 'menores' o menos relevantes en términos de debate público, como la inclusión como agravante de la sumisión química; el delito de 'acoso callejero' a aquellos que se dirijan a otra persona «con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas» ; o la creación de juzgados especializados. Lo que finalmente se quedó fuera de esta ley por falta de acuerdo entre los partidos que forman el Ejecutivo fue aquello que tiene que ver con la prostitución, en concreto lo relacionado con la tercería locativa y el proxenetismo.