Así cayó el burdel con apariencia de hostal que llevaba casi 20 años explotando sexualmente a mujeres en Fuente de Piedra

En la fachada exterior del burdel, luminosos de colores y un cartel con las palabras «hostal» y «sala de fiestas». En el interior, habitaciones convertidas en cárceles. No eran necesarias las rejas ni los encierros bajo llave. El terror psicológico al que los proxenetas sometían a las víctimas era suficiente para garantizar su cautiverio en este prostíbulo de Fuente de Piedra. Si las amenazas hacia ellas no surtían efecto, pasaban a extenderlas a sus familiares. Eso era lo que las dejaba sin escapatoria.

El club de alterne ha sido clausurado por orden judicial como resultado de la operación bautizada 'Flamencos', en la que la Policía Nacional ha liberado a 28 mujeres, la mayoría de ellas de origen latinoamericano y en condiciones de gran vulnerabilidad debido a su situación administrativa irregular. Hay siete detenidos por presunta pertenencia a la red criminal, con ramificaciones en España y Colombia.

Según sospechan los investigadores, pertenecientes al Grupo III de la UCRIF, el supuesto cabecilla de la organización llevaría explotando sexualmente a mujeres cerca de dos décadas -como mínimo- en este burdel con apariencia de hotel con sala de fiestas, en el que el investigado ya trabajaba como encargado entre mediados y finales de la década de los 2000.

Aparentemente, era un hombre corriente, natural de la provincia de Málaga, de unos 50 años, con familia y con un trabajo relacionado con el negocio del transporte de pasajeros. Sin embargo, presuntamente, llevaba una doble vida en la que, con el tiempo, se hizo con el control del burdel y se situó en la cúspide de una organización criminal que forzaba a las mujeres a prostituirse en condiciones completamente abusivas y crueles.

De hecho, entre las 28 rescatadas por la Policía Nacional hay ocho víctimas de trata que fueron captadas en Colombia, hasta donde se extendían las ramas de la red. Todas tenían en común la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraban. Procedían de barrios extremadamente pobres y violentos y todas tenían a varios familiares a su cargo. Unas circunstancias que la trama aprovechaba para, mediante engaño, hacerles creer que en Málaga tendrían la oportunidad de prosperar.

El enlace en su país sí les informaba de que se dedicarían a la actividad sexual, pero en unas condiciones que, en el contexto en el que vivían estas mujeres, era muy difícil rechazar, aunque luego no tuvieran nada que ver con la realidad. Según les decían, trabajarían en un reputado club de alterne de Málaga en el que podrían llegar a ganar entre 500 y 1.000 euros en un día.

Para convencerlas, también les aseguraban que tendrían libertad para elegir a los clientes y que en cuestión de pocas semanas podrían marcharse, una vez que saldaran la «pequeña deuda» con la organización por el coste y los trámites asociados al viaje, lo que siempre explicaban de manera parca y sin entrar en detalles. Para ellas no era una elección fácil, pero, a juicio de los investigadores, las víctimas terminaban accediendo y «sacrificándose» por dar una mejor vida a los suyos. En algunos casos, lo hacían por sus hijos pequeños; en otros, por sus padres enfermos o sus hermanos.

La red, además de reclutarlas, se aseguraba muy bien de saber dónde vivían sus familias y de dejar constancia a las mujeres de que alguien las estaría vigilando durante el traslado a España para evitar que escaparan. Una vez que llegaban al prostíbulo de Fuente de Piedra se encontraban con la cruda realidad. La deuda había sido engordada con conceptos falsos para hacerla mucho mayor, de entre 6.000 y 7.000 euros, y además tendrían que pagar cada día su estancia en el club de alterne, en el que dormían en las mismas habitaciones en las que realizaban los servicios sexuales.

Solas, sin redes de apoyo cerca, sin papeles y sin recursos económicas, las mujeres se veían sin salida. Sobre todo porque, como ha acreditado la investigación, cualquier atisbo de desobediencia o amago de huir sin abonar el dinero que les exigían era rápidamente extinguido con la amenaza de «cobrarlo» con la vida de sus familiares.

La operación se bautizó como 'Flamencos' y se inició el pasado mes de octubre, cuando una patrulla localizó a varias personas, entre las que había dos víctimas, en la estación de autobuses de Antequera. Una de ellas, según fuentes próximas, era una mujer que había conseguido saldar su deuda y estaba en proceso de marcharse, mientras que la otra joven acababa de tener un enfrentamiento con el supuesto líder de la trama.

En aquella intervención, a priori rutinaria, los agentes percibieron ciertos indicios del infierno que habrían vivido y dieron aviso a los efectivos de la UCRIF, especializados en la lucha contra la trata y la explotación sexual, sobre quien recayó la investigación. Con todos los indicios recabados, los policías han detenido a siete personas, desarticulando la cúpula de la organización y su rama española, así como gran parte de su financiación mediante la clausura judicial del prostíbulo y el bloqueo de sus cuentas y bienes por valor de 2,3 millones de euros.

Para los investigadores es especialmente importante que la autoridad judicial haya decretado la clausura del club de alterne, porque supone paralizar su actividad y un fuerte golpe a la principal fuente de ingresos de esta organización. En este caso, el Grupo III de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga también ha contado la colaboración de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

El principal cabecilla se encuentra en prisión provisional, así como un segundo investigado, quien sería su mano derecha. Otros cinco han quedado en libertad provisional, aunque como investigados. A los arrestados se les imputan, en distintos grados, delitos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, agresión sexual, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

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