El Constitucional devuelve las corridas de toros a Cataluña

El Tribunal Constitucional indultó ayer la fiesta de los toros en Cataluña, echó un capote al mundo de la tauromaquia, pero abrió al mismo tiempo un nuevo frente político. Hace cinco años que no se celebran corridas de toros en Cataluña, desde aquel 25 de septiembre de 2011 en que José Tomás y Serafí Marín salieron por última vez por la puerta grande de la Monumental de Barcelona. La Cámara catalana había prohibido los festejos en 2010, aunque el veto no entró en vigor hasta el 12 de enero de 2012. Sin embargo, seis años después, en una decisión que tendrá consecuencias que van más allá de la mera actividad de la fiesta nacional, el Constitucional tumbó, por ocho votos a tres, la prohibición de los toros aprobada por la Cámara catalana y dio a los independentistas un caramelo que les puede servir para ampliar su base social.

Según fuentes jurídicas, el Constitucional reconoce que Cataluña tiene competencias para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales, pero la tauromaquia ha sido declarada por el Gobierno central patrimonio cultural inmaterial, por lo que la prohibición de los toros invade competencias del Estado en materia de cultura.

La sentencia mantiene que el legislador autonómico goza de libertad para legislar sobre espectáculos públicos, pero no puede llegar al extremo de «impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las competencias del Estado en materia de cultura». Y a su juicio, la ley catalana que abolía las corridas lo hacía, en cuanto que «afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural».

Cataluña puede «regular el desarrollo de las representaciones taurinas» o «establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo», pero no puede «prohibir, en una parte del territorio español, una celebración, festejo, o en general, una manifestación de una arraigada tradición cultural, si su contenido no es ilícito o no atenta contra otros derechos fundamentales», según el fallo.

El Gobierno catalán no tardó en afirmar que no cumplirá la sentencia y que «diga lo que diga» el Constitucional, los toros «no volverán a Cataluña». «El Parlamento catalán decidió prohibirlos en 2010 y haremos todo lo posible para que no vuelvan», dijo el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull. La Generalitat cree que tiene la capacidad normativa en materia medioambiental y de defensa animal para «imposibilitar» la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Así, por ejemplo, según fuentes del Ejecutivo catalán, puede modificar la legislación en materia de juegos y espectáculos y la ley de derecho de la infancia para incidir en que no puede haber ningún espectáculo público en el que se haga exhibición de sangre. Cualquier modificación legal del Gobierno catalán tendrá un amplio apoyo político, ya que Junts pel Sí, el PSC, Catalunya si que es Pot y la CUP, que suman casi el 75% de los diputados de la Cámara catalana (solo Ciudadanos y el PP se oponen), se comprometieron ayer a respaldar las iniciativas que adopte la administración catalana para que se mantenga el veto a los toros.

Algunas entidades taurinas como la Fundación Toro de Lidia o la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña se felicitaron por la sentencia y confiaron en que los festejos volverán a las plazas catalanas. La decisión ahora depende ahora casi en exclusiva de la familia Balañá, propietaria del coso de la Monumental, la única plaza catalana que podría abrir.

A día de hoy, la única plaza que podría acoger corridas es el coso de Barcelona, el único que dispone de un quirófano según establece la normativa vigente. Pero podría encontrarse con un sinfín de trabas administrativas. En este punto la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona coinciden y están dispuestos a hacer frente común. De hecho, la alcaldesa Ada Colau, nada más conocer el fallo del Constitucional también afirmó que los toros no volverán nunca a la ciudad condal.