Elecciones andaluzas y educación en Málaga

No voy a hablar aquí de leves deficiencias, ni de que las bajas se cubran a los dos o tres días, ojalá fuera ese el plazo, o de que los alumnos se queden un día sin su maestra de apoyo porque está sustituyendo a una compañera o un compañero enfermo, por desgracia situación demasiado habitual. Curiosamente estos días se están cubriendo casi todas, bendita campaña electoral. Ni de ordenadores obsoletos que ralentizan las cuantiosas tareas administrativas, somos una de las profesiones más burocratizadas. Ni de que contamos en la provincia con más de dos mil alumnos y alumnas en aulas prefabricadas, algunas junto a obras de construcción que suponen un peligro para este alumnado y su profesorado, aulas que pueden estar justificadas temporalmente pero que no deben perpetuarse.

De lo que voy a hablar es de casos más graves, los que realmente inciden en situarnos a la cola de España en la tasa de abandono escolar. Porque los compañeros y compañeras desde sus centros viven una realidad muy distinta a la que expone la Delegación de Educación con sus datos de inicio de curso. Hay demasiados directores y directoras que se quejan por la escasez de recursos y cómo tras acudir a los servicios educativos en busca de soluciones, a veces casi como pedir limosna, se vuelven con más indignación si cabe, con un encogimiento de hombros como respuesta de la Administración. Una Administración que les obliga permanentemente, no de manera excepcional, a tener aulas con 27 alumnos y alumnas.

Me indigno cuando veo que compañeros y compañeras se han visto obligados a solicitar reducciones de jornada, con la consiguiente merma salarial y el estigma en sus centros de trabajo, porque no han obtenido plaza en comedor o en aulas matinales para sus hijos.

Tristemente asisto a la falta de una integración real del alumnado con necesidades educativas especiales debido a la falta de profesorado o de monitores. Por citar el último caso que encontré, un pequeño de primaria, síndrome Down, no pudo ir de excursión con el resto de su clase. No se le puede pedir a su maestra que vaya sola a una excursión con más de 20 menores de corta edad más un alumno que por sus características requiere una especial atención. Y tampoco es justo que un grupo quede todo un día desatendido para paliar la carencia anterior. En definitiva, tanto una solución como la otra indican que se sigue excluyendo a los más desfavorecidos.

Angustia ver cómo un monitor de educación especial, un docente de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica debe atender a doce alumnos, por citar un caso real, con necesidades educativas especiales. Peor situación viven los orientadores y orientadoras que atienden a los centros de infantil y primaria. Porque todavía a estas alturas, el personal docente y no docente de educación especial sigue sin tener una ratio definida. Y esto es aprovechado vilmente por la Administración para cargar a este profesorado en contra de todas las recomendaciones pedagógicas. A tenerlos compartidos en tres centros, a que para conseguir unas míseras horas en el colegio los padres y madres amenacen con ir a la prensa y movilizarse. Parece que para la Administración lo mismo es atender a 10, 15 o 20. ¿Alguien lo duda?

Siento una gran zozobra al ver cómo una maestra se santigua todas las mañanas antes de entrar en su aula para evitar que alguno de los alumnos con parálisis cerebral que tiene no sufra una crisis epiléptica y que ella no se dé cuenta porque tiene que atender al resto del grupo. Veo a una niña en el pasillo, me pregunto: ¿serán los menores conscientes de la humillación de verse fuera de su aula porque aún no controlan los esfínteres y en el centro no hay un profesional técnico de integración social (PTIS) que pueda atenderlos? Creo que sí son conscientes de esa situación y de la vergüenza.

Los requisitos de la Administración para asignar al personal docente y no docente que atiende al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como son los especialistas citados anteriormente, son excesivamente rígidos, no se atiende a factores tan determinantes como el entorno del centro, y que en Málaga están bien definidos, o a las necesidades reales del alumnado. Málaga tiene potencial para lograr que la etapa 0-3 fuese gratuita, basta con transformar los centros que se están quedando sin alumnado por la bajada de natalidad. Sería importantísimo para conciliar la vida laboral y familiar.

¿Hablan los programas electorales de todo esto?