Un análisis interno de OHL no detecta «conductas ilícitas» en relación a la ‘operación Lezo’

madrid. La compañía OHL no ha hallado indicios de haber cometido irregularidad alguna en relación a la operación Lezo. Así lo señala la propia empresa en un comunicado en el que informa de que puso en marcha un proceso de análisis interno tras destaparse la investigación que ha llevado a prisión por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II a, entre otros, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En esta misma causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga al expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. El magistrado también ordenó la detención del yerno de Villar Mir y consejero de OHL, Javier López Madrid, quien eludió la entrada en prisión tras el pago de una fianza de 100.000 euros. En concreto, el magistrado imputa a López Madrid el pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros para conseguir la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid del tren a la localidad de Navalcarnero, un proyecto frustrado valorado en cerca de 350 millones de euros.

Las conclusiones preliminares del análisis interno llevado a cabo por OHL «ponen de manifiesto la inexistencia de conductas irregulares o ilícitas por parte de la compañía». La empresa también señala que tan pronto tuvo conocimiento de la operación Lezo puso en marcha la investigación para comprobar una serie de extremos. Entre éstos, figura el conocer «si se ha realizado alguna transferencia, desde el Grupo OHL -a través de cualquiera de sus sociedades y en cualquier punto de la geografía- que se pueda corresponder con la transferencia de 1,4 millones de euros». Esta es la cantidad que, según la investigación que conduce el juez Velasco, habría entregado López Madrid a Ignacio González para lograr la adjudicación del tren a Navalcarnero. Igualmente, la constructora ha examinado si existe algún indicio o sospecha de irregularidad en el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato de concesión de dicha línea ferroviaria.

En un segundo punto del comunicado, OHL señala que ha procedido a analizar las relaciones comerciales que pueda tener con la mercantil Lauryn Group Inc y con Adrián de la Joya, a través de quienes supuestamente se habría hecho el pago de la comisión.

Colaboración con el juez

La compañía se compromete a que las conclusiones definitivas del análisis interno que ha llevado a cabo, que estarán disponibles en un plazo breve, «serán de inmediato trasladadas, con los soportes documentales correspondientes, al Juzgado que conoce de la causa, a los efectos que resulten procedentes».

La sede de OHL fue registrada por agentes de la Guardia Civil el pasado 20 de abril en busca de documentación sobre la adjudicación del tren a Navalcarnero. Entonces, la constructora también emitió una nota en la que se destacaba que el grupo tiene una política de tolerancia cero con la corrupción y que nunca ha sido condenado por ningún delito de corrupción.