El Fiscal pide prisión para los responsables de Triple A que presuntamente sacrificaron animales de manera injustificada

El juicio contra los responsables de la Asociación Amigos de los Animales Abandonados (Triple A) de Marbella por presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo profesional, apropiación indebida, contra la Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores, ha quedado visto para sentencia. El Fiscal encargado del proceso judicial pide en su escrito de calificación definitiva 18 años de prisión para la presidenta (B.P) y 10 para la vicepresidenta (A.D), además de otras multas y responsabilidades civiles. «Se ha venido sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación de forma masiva e injustificada, con la exclusiva finalidad de reducir los costes y dedicar en parte las instalaciones a los fines privados, con objeto de tener un lucro», recoge dicho documento al que ha tenido acceso Diario SUR.

De la misma manera, señala que se administraban los productos eutanásicos «sin tener los conocimientos veterinarios para ello, suministrando dosis de los citados productos por debajo de lo indicado en el prospecto del mismo si bien en cantidad suficiente para causar la muerte con el fin de ahorrar costes (…)» lo que producía un deceso lento en los animales que eran, principalmente, cachorros sanos.

Los hechos, que ocurrieron entre 2011 y 2016, fueron denunciados por un grupo de voluntarios de la protectora y la Guardia Civil inspeccionó en varias ocasiones las dependencias donde encontró los cuerpos de las mascotas de las cuales solo una parte presentaban lesiones siendo el resto «sacrificados ilegalmente».

Otros delitos

Igualmente, el Fiscal refleja en sus conclusiones que «con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se apoderaron de varios canes que llegaron a su poder al haber sido perdidos por sus propietarios, y los dieron en adopción en países extranjeros, recibiendo dinero a cambio», de hecho, en el escrito se recoge la responsabilidad civil hacia las acusadas respecto a los dueños de dichas mascotas.

Así pues, supuestamente, muchos de los animales que llegaban a las instalaciones y que contaban con microchip, pero eran de raza o pequeños, no eran devueltos a sus propietarios pues en el norte de Europa son muy demandados y les habrían despojado de sus dispositivos de reconocimiento para venderlos en dichos enclaves que tienen esta demanda.

Por otra parte, tanto la presidenta como la vicepresidenta habrían utilizado 20.426 euros pertenecientes a Triple A «para pagos que nada tenían que ver con la misma (…) y se apoderaron de 38.618 euros propiedad de la citada asociación».

El Fiscal apunta en su escrito también que B.P. en el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2015 «con ánimo de defraudar a la Seguridad Social, eludió el pago de las cuotas debidas a la misma, en la cuantía de 246.839,46 euros».

Finalmente, el documento del Fiscal recoge que la acusada B.P «con intención de menoscabar los derechos de los trabajadores empleó sin derecho a vacaciones a la trabajadora D.D en los años 2011 y 2012.

Respecto a la responsabilidad civil de ambas acusadas principales, el Fiscal contempla que «indemnizarán conjunta y solidariamente a la Asociación Triple A en la cantidad de 59.044 euros (por los gastos improcedentes y no justificados) más de 40.981 euros (por las adopciones internacionales) por las cantidades apropiadas indebidamente».

Asimismo, deberán indemnizar a los propietarios de los perros dados en adopción con cantidades que oscilan entre los 500 y 1.500 a cada uno y a la Tesorería de la Seguridad Social en la cantidad de 246.839, 46 euros por la cantidad defraudada.