
La falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento Andaluz ha obligado a retrasar hasta otoño la aprobación de la proposición de Ley planteada por PSOE-A, PP-A y Ciudadanos para la modificación de la Ley de Régimen Jurídico y Económico de los puertos de Andalucía y reconocer así la validez de los plazos establecidos en los actuales títulos de concesión de los puertos deportivos. Sin embargo, Marinas de Andalucía, colectivo que agrupa a 16 recintos portuarios privados de la región, valora que desde el Parlamento andaluz se haya iniciado la tramitación de la ley para acabar con el llamado 'Efecto 2018' derivado de la normativa vigente según la cual las concesiones de los puertos aprobadas antes de 1988 caducan a los 30 años. En esta situación de incertidumbre se encuentra Puerto Banús pero también Cabopino, con una concesión caducada hace ya dos años y pendiente de la tramitación de la nueva.
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El presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, sostiene que con la reforma legal que tramita ahora la Junta «se viene a reconocer el plazo de la concesión de los títulos que en su día otorgó el Estado a los titulares de los puertos deportivos, algo que siempre se ha sostenido». El origen de la «polémica» con los puertos deportivos de la comunidad, indica, se sitúa en la Ley 22/1988 de Costas, en cuyo desarrollo «se estableció una limitación del plazo de las concesiones anteriores» a dicha ley, «de modo que a los 30 años de la entrada en vigor» de la misma «caducarían todas aquellas que tuvieran un plazo mayor». Martín incide, no obstante, en que «la Ley de Costas nunca se refirió a las concesiones de los puertos deportivos, porque son instalaciones que, aunque a veces están gestionados por empresas privadas, son de uso público».
Pero además, el presidente de Marinas de Andalucía da un paso más en el argumento que ha venido defendiendo el colectivo en los últimos años: los recintos afectados por la normativa vigente sobre sus concesiones tendrían que ser indemnizados. «Aunque se hubiera considerado de aplicación para los puertos deportivos la limitación de la concesión a 30 años a partir de la Ley de Costas de 1988, la propia ley establecía mecanismos de indemnización, por lo que en este caso, la Junta tendría que afrontar las indemnizaciones que solicitarán tanto los concesionarios de los puertos deportivos como todos aquellos que a lo largo de estos años han adquirido algún bien ubicado en estos recintos sometidos a la concesión», explica.
En la citada reforma legal que se tramita en el Parlamento andaluz, explican desde el colectivo, «también se establece la posibilidad de otorgar prórrogas a los actuales concesionarios de hasta 75 años». «En ningún caso esto significa renovación automática de la concesión, sino que la Administración deberá tratar de forma individual cada situación en la medida de que le sea solicitada», aclara el presidente de Marinas de Andalucía», José Carlos Martín.
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