Dos infraestructuras con años de retraso

La investigación 'Vastum' supone un nuevo episodio en el histórico problema que sufre la provincia de Málaga con respecto a los vertidos residuales, ya que la falta de infraestructuras con las que depurar las aguas lleva décadas suponiendo un caballo de batalla en los municipios que ahora centran el trabajo del Seprona. En el caso del Valle del Guadalhorce, donde la mayoría de las localidades vierten directamente al río (excepto Alhaurín de la Torre), Coín y Alhaurín el Grande ya han afrontado (y afrontan)sanciones de la unión europea por incumplir el reglamento comunitario de 2011, al igual que Cártama y Nerja. Desde que se impusieron dichas sanciones, que no cesarán hasta que se ponga fin al problema, los dirigentes municipales consideran responsables a la Junta de Andalucía y al Gobierno, razonamiento que mantienen a la luz de la actual investigación.

Así lo explica a SUR el exalcalde de Coín, ahora delegado territorial en Málaga de Agricultura, Ganadería, Pesca, Agua y Medio Ambiente en la nueva Junta. «Cuando declaré ante la juez –en febrero– esgrimí los mismos argumentos que siempre hemos mantenido con su correspondiente documentación;desde el Consejo de Gobierno autonómico de octubre de 2010, en el que la Junta se compromete a hacer 47 depuradoras a cargo del canon del agua, el Ayuntamiento no puede hacer más que esperar». Fernández también entregó en el juzgado un escrito del Ministerio de Administraciones Públicas y Política Territorial en el que el secretario de Estado acredita que Coín «no tiene responsabilidades en el incumplimiento de la norma», recayendo estas, según dicha documentación, en la Junta.

El que fue alcalde de Nerja desde 1995 a 2015, José Alberto Armijo (PP), preguntado por la investigación actual, coincide en sus argumentos con Fernández:«El Ayuntamiento de Nerja cumplió con su obligación cediendo en 2002 los terrenos para que Junta y el Ministerio construyesen una depuradora que aún no está funcionando». El exregidor considera que «hasta ahí» llega su «responsabilidad» como cargo público, y que si las autoridades quieren centrar la culpa en la gestión local «están cometiendo un error».

Su sucesora en la alcaldía de Nerja desde 2015, Rosa Arrabal (PSOE), emplea los mismos argumentos que Armijo:«La responsabilidad es municipal una vez existen infraestructuras, no antes». En declaraciones a este periódico, la regidora asegura que los investigados han recibido la noticia de la investigación del Seprona «con sorpresa» y «sin dar crédito». «Si tenemos que declarar ante la juez mantendremos esa versión, le diremos que no es nuestra responsabilidad ni nuestra competencia».

La EDAR Bajo Guadalhorce, que además de dar servicio a Coín procesará las aguas de Pizarra y Álora, entrará en fase de pruebas dentro de dos semanas tras una inversión millonaria de la Junta de Andalucía. El convenio de construcción ha sido modificado hasta tres veces desde que empezó a canalizarse en el 2013.

Este diario ha contactado con el anterior alcalde de Coín, Gabriel Clavijo, que ha preferido no hacer declaraciones mientras la causa esté abierta. Durante su mandato, entre los años 2004 y 2008, el Ayuntamiento de Coín planteó en varias ocasiones salirse del proyecto de depuradora mancomunada después de que estuviese ya en marcha. De hecho, el propio Fernández suscribía la idea de que la localidad contase con una EDAR propia tal y como se recogía en sus propuestas electorales en el año 2007.

En el caso de Nerja, las obras de la primera depuradora arrancaron en enero de 2014 (doce años después de que se cedieran los terrenos), con un plazo de ejecución inicialmente previsto de 30 meses, por lo que tendría que haber entrado en funcionamiento hace casi tres años. Sin embargo, los problemas financieros de la empresa adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam, que quebró en julio de 2017, además de las diferencias técnicas con el Consistorio, han retrasado el proyecto, que está a más del 80% de ejecución.