Quién ayudaba a las malagueñas que iban a abortar a Londres

Una librería de mujeres que era mucho más que eso, una trastienda en la que se hablaba bajito, colectas para pagar billetes de avión, citas con desconocidas que prestaban una habitación un par de noches, coartadas para desaparecer por primera vez de la casa familiar… Esta historia se reconstruye a caballo entre Málaga y Londres. Emula los acontecimientos tal y como sucedían en los años ochenta alrededor de la fecha de la que se conmemoran cuarenta años: la aprobación de la primera ley del aborto de la recuperada democracia. Ésta establecía que en lo sucesivo no sería «punible» el aborto siempre que concurriera alguna de las circunstancias siguientes: que fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, y que así constara en un dictamen emitido por un médico distinto al que fuera a practicar el aborto; que el embarazo se debiera a una violación; o que se presumiera que el feto fuera a nacer «con graves taras físicas o psíquicas».

La ley era un avance, sí, pero seguía sometiendo a un severo escrutinio a las mujeres y a día de hoy las feministas que en Málaga luchaban por el aborto libre y gratuito recuerdan que celebraron un «juicio popular» contra la norma de 1985: «No era nada satisfactoria. Era mejor que nada, pero nosotras no queríamos un parche; no nos gustaba que las mujeres necesitaran decir que el embarazo las afectaba psicológicamente, por ejemplo. El proceso era un calvario», explican Carmen Martín y Carmen Pérez Pinto, activistas del feminismo entonces y ahora.

Tuvieron que pasar nada menos que 25 años para que en 2010 se aprobara la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en cuyo texto se lee que el legislador consideraba «razonable» un plazo de catorce semanas en el que se garantizaba a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión «libre e informada» sobre su embarazo. Tras avatares varios, como el de 2014 con la propuesta de (contra)reforma –para volver al esquema de los supuestos– que no prosperó y que le costó la carrera política al exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o la nueva norma de 2023 que ampliaba las garantías para las mujeres, las feministas siguen insatisfechas: el derecho al aborto continúa sin estar garantizado; no se ha conseguido integrar en el sistema de salud como una prestación más. «Hay lagunas», afirman: en algunas provincias la sanidad pública no hace abortos.

Con todo, estos años no son como los de hace cuatro décadas. Cuando no había ley. O en los primeros momentos en que ya sí. A principios de los ochenta nació en Málaga la Librería de Mujeres. Era un sitio donde encontrar literatura feminista y en el que las mujeres podían compartir experiencias y pedir información sobre sexualidad o planificación familiar. Pero fue también un lugar al que acudían jóvenes que necesitaban abortar: quienes regentaban la librería estaban enlazadas con mujeres de Londres que hacían de grupo de apoyo para españolas e irlandesas que no podían interrumpir el embarazo en sus países porque o no era legal allí o era demasiado difícil.

«La cosa se transmitió boca-oído. Nosotras no hacíamos publicidad. Cuando una mujer empezaba a dar vueltas por la tienda y a hojear libros hasta que no había nadie, nos percatábamos de qué era lo que buscaba, sabíamos que se había enterado de que ahí podía encontrar ayuda. No hacían falta casi palabras. Cuando nos quedábamos a solas, nos la llevábamos al cuartillo de atrás. Ella daba por hecho que no se iba a enterar nadie, que ahí podía hablar en confianza. Alguna venía con su madre, pero la mayoría llegaban solas», rememora Carmen Pérez Pinto, que en esos años formaba parte de la Librería de Mujeres. Por ahí, por ese local de la calle san Agustín, pasaron quizás las mujeres con menos recursos y formación; quienes tenían medios no necesitaban esa red de apoyo. Recuerdan también que realizaron colectas para pagar viajes a Londres y facturas de clínicas.

«Ni juzgábamos ni pedíamos explicaciones. A la mujer sólo le preguntábamos de cuánto estaba y a partir de ahí, intentábamos ser rápidas. Ayudábamos a buscarle la coartada: 'dile a tu madre que te vas tres días con una amiga'. Aunque, claro, había veces que no era fácil, porque la joven no había salido nunca de su casa», recuerda Pérez Pinto junto a Carmen Martín, feminista histórica de Málaga.

Isabel Ros atiende a SUR desde Londres. Y cuenta que entre finales de los años setenta y principios de los ochenta se tradujo al español 'Our bodies, our lives' ('Nuestros cuerpos, nuestras vidas'), un libro de referencia sobre la salud y la sexualidad femenina del Colectivo de Mujeres de Boston. En el ejemplar, rememora Ros, aparecía el teléfono de Release, una organización pro derechos humanos para la que ella trabajaba, por si alguien necesitaba interrumpir su embarazo. Llegaron tantas llamadas que en Release se tuvo que crear un equipo específico para atenderlas. Y si en Reino Unido ya operaba un grupo de voluntarias para ayudar a las mujeres irlandesas porque en su país era ilegal abortar, en paralelo nació un colectivo de apoyo a las españolas, SWASG (Grupo de Apoyo sobre el Aborto para Mujeres Españolas, por sus siglas en inglés). En las revistas feministas se publicaba esta información: «En el Estado español aún no hay aborto libre y gratuito. Puedes tener problemas y necesitar direcciones, aquí tienes una, en Londres. Somos un grupo de mujeres españolas y no españolas que viven en Londres. El grupo se formó en marzo del 81 con la finalidad de dar algo de apoyo a las mujeres del Estado español que vienen a Londres a abortar».

Hace más de cuarenta años no era tan fácil hacer llamadas al extranjero. No había móviles y no todo el mundo tenía teléfono. Y a otro país era 'conferencia'. Pero, saltando esas dificultades, hubo muchas mujeres que fueron a abortar al Reino Unido con el apoyo de Release y de SWASG. Y lo cierto es que todo iba bastante rápido. En el momento de la llamada ya se podía concertar una cita con una clínica a través de quien atendiera el teléfono. «Las clínicas están tan ocupadas que se necesita por lo menos una semana para organizar el aborto», advertía la organización en su propaganda para urgir a contactar cuanto antes. «Te preguntaremos cuándo fue el primer día de tu última regla y te informaremos sobre el precio actual de la operación. Además de ese dinero, necesitarás unas 30 libras extra para el metro, buses, comida, etc… Es muy difícil obtener abortos tardíos y sólo hay una clínica en todo Londres que los hace, y sólo hasta las 26 semanas. Por tanto, es importantísimo que nos llames lo antes posible. Cuanto antes, mejor, teniendo en cuenta que las clínicas prefieren no hacer la operación antes de siete semanas de embarazo», continuaba. «No podemos dar apoyo económico porque el grupo no tiene un duro», decían en los panfletos. Pero al igual que en Málaga, Ros recuerda que en Londres en alguna ocasión también se hicieron colectas.

En Londres no había sólo voluntarias que hacían turnos para atender al teléfono a las españolas y concertar las citas con las clínicas. También estaban dispuestas a ir al aeropuerto a buscarlas, a darles alojamiento, a llevarlas al hospital, a recogerlas cuando les dieran el alta y a conducirlas de vuelta al avión. Seguramente no sabían inglés y las voluntarias habían de hacer de intérpretes. El núcleo duro de la organización estaba formado por alrededor de una decena de mujeres, pero en total la red contaba con alrededor de treinta, y no sólo españolas, también de todas las regiones del Reino Unido. Como rememora Ros, si se formó este grupo alrededor de las desamparadas mujeres españolas fue para evitar los abusos de que a veces eran objeto cuando iban por su cuenta: robos, maltratos… Pero también porque, para enfrentarse a ese brete, a un aborto, necesitaban apoyo humano, comprensión, empatía. Y seguridad: Ros incide en que en su labor se incluía la vigilancia a las clínicas, para que hicieran bien su trabajo. Su activismo llegaba también a las instituciones, donde denunciaban la situación de España y la necesidad del país de contar con una ley que reconociera el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito.

Esas chicas españolas que quizás se montaban en un avión y salían de España por primera vez en sus vidas no tenían más remedio que fiarse de esas generosas desconocidas que las esperaban a pie de pista. «Ésta no es una decisión que se toma a la ligera», ratifica Ros sobre las mujeres que interrumpen su embarazo.

El viaje duraba cuatro días: la ley británica requería estar en el país por lo menos el día anterior a la operación y exigía pasar un día ingresada en el hospital. Más o menos la cosa discurría así: el primer día se tenía la consulta con el médico, al día siguiente por la mañana se entraba en la clínica y 24 horas después se le daba el alta.

La Librería de Mujeres ayudó a muchas malagueñas a ir a Londres. Y lugares como ése había en toda España. En 1978, 30.000 mujeres no residentes abortaban en Reino Unido, casi la mitad, 14.000, eran españolas. En 1979, la cifra de españolas superaba las 16.400, y en 1982, las 22.000.

La aprobación de la ley de supuestos no fue suficiente para acabar con estos vuelos a Londres: abortar legalmente en España seguía siendo difícil. Así que el grupo¡ de apoyo, dice Ros, estuvo activo hasta finales de los ochenta. Aunque desde Málaga Martín y Pérez Pinto explican que a las mujeres no las derivaban sólo al Reino Unido. Recuerdan que cuando se fueron abriendo clínicas en Málaga, en el entorno de 1984, también las conducían a ellas. Si bien creen que son prácticas que han de formar parte de la cartera de servicios de la sanidad pública, apuntan que están muy agradecidas a estos centros, porque si las mujeres no podían pagar, no lo hacían. Y es que las clínicas y sus médicos hacían activismo y arriesgaron su libertad por la causa.

Germán Sáenz de Santamaría, Alberto Stolzemburg y Ernesto Ritwagen pasaron cuarenta días en prisión de la que salieron tras pagar una fianza de 10,5 millones de pesetas porque en noviembre de 1986 la policía efectuó una redada en su centro sanitario del edificio Scala 2.000, en la calle Hilera, y detuvo a treinta personas: a los doctores, al entonces estudiante de Medicina Valero Enfedaque, a varias enfermeras y a más de veinte mujeres que estaban allí para interrumpir su embarazo. El aborto ya era legal en España, pero con limitaciones y escrutinio y la clínica aún estaba a la espera de obtener el permiso para hacer abortos. Las feministas de Málaga convocaron manifestaciones en solidaridad con los doctores y con las mujeres –a quienes pagaron las fianzas– y para reclamar el derecho al aborto. Se pedían 741 años de prisión a los encausados. Pero uno de los médicos declaró: «Ni tres meses ni tres años de cárcel doblegan a una persona que sabe lo que hace y lo que quiere y contra quién está luchando». Tras más de diez años que duró el macroproceso, todos salieron absueltos, pero sólo por prescripción de los supuestos delitos.

Los médicos se jugaban su libertad. Las mujeres, su vida. De ahí la red que se generó entre España y el Reino Unido. Ésta resucitó en 2014, cuando el ministro Alberto Ruiz-Gallardón intentó recortar el derecho al aborto. «Nació el SWASG 2.0», rememora Ros, con manifestaciones en Londres en solidaridad con las españolas.

«El feminismo nunca ha considerado el aborto como un método anticonceptivo. Hacíamos hincapié en la lucha por el derecho al aborto porque había mujeres que morían: sin que fuera legal, se practicaban abortos igualmente, en cualquier sitio y de cualquier manera. Además, la de la apropiación del cuerpo era una premisa feminista indiscutible. Pero en paralelo nuestra lucha también era por más y mejor educación sexual. Si había alguna mujer que pasaba por la librería más de una vez, le leíamos la cartilla», zanja Martín.

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