Agresiones a profesores: «Normalizamos situaciones a diario que son intolerables»

El destino puso a prueba su vocación, porque el mismo día que se casaba su hermano se celebró el examen para obtener una plaza como profesora. Una oposición para la que se había estado preparando durante meses con dedicación y enorme disciplina. Tuvo que elegir y optó por lo que tanto había luchado. El sacrificio mereció la pena: aprobó y ese mismo año ejerció ya como interina.

Diez años después, esta docente de 39 años, que imparte Economía en Secundaria y Bachillerato en un instituto público de Andalucía, se siente rendida, sobrepasada por unos estudiantes que no respetan la autoridad del profesor, por unos padres que no colaboran en la educación en valores de sus hijos y un sistema que no los respalda. «Solo les importa que los alumnos pasen de curso para luego poder vender que se ha reducido el fracaso escolar», denuncia.

María (nombre ficticio) se presta a contar a SUR –con enormes reservas por miedo a las consecuencias– su día a día en clase, «donde normalizamos situaciones que no deberíamos». Ha aguantado que le digan que es una «guarrilla» o que «la seño es una cayetana». «Intentas encajarlo en el contexto y tratas de restarle importancia, pero en el fondo sabes que no deberías tolerarlo», expresa esta docente, que ha estado un año apartada de las aulas trabajando para un sindicato de enseñanza. Pese a todo, asegura, «lo más importante para mí es que tomen conciencia de la trascendencia de unos malos resultados, porque si el sistema ahora no filtra, lo hará la vida cuando salgan al mercado laboral».

María teme los finales de curso, cuando llega el momento de las evaluaciones y «hay que subir las notas». «El 2 se convierte en 5 y el 8 en un 10, porque no le vamos a romper la media», ironiza esta profesora, que ha tenido que ir cediendo cada vez más para evitar conflictos y no llegue la queja a Inspección. «Han venido padres a reclamar un aprobado para su hijo habiendo sacado solo un 0,75. ¿Cómo? Buscando un defecto de forma para impugnar el examen», relata.

Todo ello, subraya, «se traduce en estrés, impotencia, ninguneo y una frustración creciente que me lleva a preguntarme: ¿Cuál es mi papel aquí?». Necesitó recurrir a una baja médica para tomar distancia. Fueron solo dos meses, los últimos de curso «para evitar tener que subir las calificaciones sin merecerlo».

También tuvo que cerrar sus redes sociales, porque eran «insoportables» los comentarios despectivos que le dejaban sus alumnos. También los ha sufrido en clase. Dice que se siente «desprotegida» y sin libertad para expresarse abiertamente: «Tienes que medir cada palabra por si es malinterpretada y al final todo se reduce a impartir sin más, sin involucrarte en nada y eso es realmente triste».

Lo dice por experiencia, tras amenazarla una alumna marroquí cuando explicaba la pirámide de Maslow, que establece una jerarquía de necesidades humanas y argumenta que a medida que los individuos van satisfaciendo las más básicas, desarrollan necesidades y deseos más elevados. «Se levantó de su silla gritando que estaba harta de racismo y que ellos estaban en la base de la pirámide por culpa nuestra. A continuación me dijo: Ándate con cuidado porque Alá es grande».

Como ella, más de la mitad de los docentes andaluces (53%) ha sufrido situaciones de violencia en las aulas por parte de los menores, principalmente insultos y amenazas, agresiones físicas y problemas con el uso de móviles y redes sociales. Estos últimos se han convertido en el segundo conflicto de convivencia, por eso desde el sindicato piden una regulación nacional de su uso en las aulas. Uno de cada cinco docentes denuncia que ha sufrido varios tipos de estas situaciones.

Este es un dato extraído de una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte y de idiomas) y centros de Educación Especial de Andalucía con el objetivo de conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

Dicho informe también ha puesto de manifiesto que más del 75% de los docentes denuncia la falta de respaldo por parte de la Administración para la gestión de estos conflictos y el 98% insiste en la necesidad del reconocimiento efectivo de la autoridad docente para proteger al colectivo.

Aseguran que, a pesar de contar con la Ley de Reconocimiento de Autoridad Pública del Profesorado, son urgentes los desarrollos normativos de dicha ley, «para que no sean papel mojado, sino para que se dote de autoridad real a los profesionales de la educación», señala la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, quien también ha lamentado que no se esté dando respuesta efectiva a la realidad actual en los centros.

En este sentido, desde la delegación de Educación de la Junta de Andalucía confirman que el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, que persigue reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente, y que el pasado mes de enero se sometió al trámite de información pública, está en su «recta final» antes de pasar por el Consejo de Gobierno. «La previsión es que esté aprobado en el primer trimestre del próximo curso 25-26», avanzan las mismas fuentes. Desde la Junta han mostrado su compromiso con este decreto, que defiende que disponer de un profesorado con mayor prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es «condición esencial» para avanzar en la calidad del sistema educativo.

En la encuesta, los docentes andaluces también han plasmado sus principales reivindicaciones, que son la minoración de la burocracia, la reducción del horario lectivo, la bajada de ratios, la mejora de las retribuciones y el refuerzo de la autoridad, entre otras cuestiones.

Pero el desafecto por el oficio alcanza a todos los niveles educativos. Toñi (nombre ficticio), a sus 55 años y tras media vida dedicada a la enseñanza pública se ha visto superada por el comportamiento de algunas familias.

Es profesora en Infantil y durante estos últimos años ha sentido que perdía el control de la clase y no lograba los objetivos académicos por la actitud mostrada hacia ella por una madre. «Me acusaba de decirle a los pequeños cosas que nunca había dicho, manipulaba y lo difundía entre otros padres cuando mi relación con su hijo era completamente normal y solo me mostraba cariño», relata esta docente que no encuentra más justificación a ese comportamiento que unos celos «atroces». «Cada vez que empezaba el curso lo hacía con ilusión, pero la presión que empezaba a sentir al mes siguiente me desestabilizaba, me dejaba sin herramientas, tenía miedo a regañar a un niño, a agarrarlo para que no se cayera e, incluso, a evitar abrazos para que no se malinterpretara».

Lamenta que tenga que estar midiendo cada palabra y cada gesto que hace en lugar de centrarse en lograr unos objetivos. Tras el conflicto con esa madre, desde la Inspección plantearon un plan de acompañamiento para que Toñi nunca estuviera sola en clase . «Desde la Administración tomaron esa medida para conformar a la madre y evitar que el problema trascendiera al exterior, aunque me lo vendieran como un apoyo».

Pese a su malestar, esta docente nunca ha recurrido a una baja médica ni ha solicitado un cambio de centro educativo. «Tengo la conciencia muy tranquila», zanja.

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