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Asamblea de trabajadores celebrada hace dos años en las instalaciones de Los Ruices

El comité de Limasa admite la dificultad de mantener los puestos hereditarios

La amenaza de huelga se acentúa con la convocatoria de una asamblea para el domingo 22 ante la indecisión de la empresa sobre los puntos económicos del convenio

Francisco Jiménez

Sábado, 14 de noviembre 2015, 02:46

Los polémicos artículos que permiten que el puesto dejado por un trabajador de Limasa en caso de jubilación anticipada, invalidez o fallecimiento pueda ser heredado por un familiar (limitado actualmente a hijos y cónyuges) se mantienen en la propuesta de convenio presentada por el comité de empresa en el marco de la negociación, cada vez más enquistada, del nuevo acuerdo laboral que debería entrar en vigor en 2016. Pero entre los seis sindicatos con representación (UGT, CGT, UTL, USO, CSIF y CC OO) ya empiezan a admitir la dificultad de seguir conservando estas cláusulas vigentes desde 1989, sobre todo porque contrasta con su firme apuesta por que Limasa pase a ser una sociedad cien por cien pública cuando en abril de 2017 expire el actual contrato de concesión, en el que el Ayuntamiento posee el 49% de las acciones.

Conscientes de que puede llegar a su fin, pero también de que intentarán mantenerlos al menos en caso de fallecimiento para garantizar a la familia un sustento y de que cualquier concesión no será gratis en la negociación. Después de que los cinco grupos políticos en la Casona del Parque (equipo de gobierno del PP además de PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente) se posicionaran ayer a través de este periódico a favor de eliminar estos artículos, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte calificaba esta cuestión como «pecata minuta en la negociación». «A todos los partidos con los que nos hemos reunido les hemos dicho que no nos vamos a cerrar en banda sobre este asunto, pero a día de hoy está recogido en el convenio y lo vamos a defender», advierte el dirigente sindical, quien acusó al PP de «desviar la atención con este tema en lugar de buscar un acuerdo con el convenio».

Sobre la negociación, las posibilidades de que Málaga se enfrente a una nueva amenaza de huelga de basuras crecen a medida que pasan los días. El comité de empresa no está dispuesto a dejar pasar el tiempo sin que se avance en la negociación. O más bien, sin que se negocie porque en las cuatro reuniones mantenidas hasta ahora la dirección de la entidad se ha limitado a dar traslado de las peticiones de los trabajadores al equipo de gobierno. El último capítulo se vivió ayer. Después de que en la reunión del martes las partes acordaran volver a citarse para intentar acercar posturas en la valoración económica de las mejoras que reclaman los sindicatos, los responsables de la empresa mixta de limpieza alegaron que no pueden adoptar ninguna decisión hasta que no se conozca el presupuesto que el Ayuntamiento destinará en 2016 al servicio de limpieza y recogida de basuras (85,9 millones este año).

Una explicación que no hizo más que caldear los ánimos al otro lado de la mesa. «Ahora nos vienen con que no tienen respuesta. Esto es un choteo. Se están riendo de nosotros y también del pueblo de Málaga, y con esa actitud nos están llevando a que haya un conflicto». Así de contundente se expresó Belmonte, quien confirmó que ya se ha pedido a la dirección de la entidad hacer uso de las instalaciones el próximo domingo 22 para convocar una asamblea de trabajadores en las que, además de informar a la plantilla sobre el estado de las negociaciones del convenio y de las reuniones mantenidas con los grupos políticos de la oposición sobre el futuro de Limasa cuando expire la concesión en abril de 2017, se consultará sobre posibles medidas de presión. «Le explicaremos la situación a los trabajadores y entre todos decidiremos el siguiente paso y si se adoptan medidas más contundentes», advirtió el dirigente sindical.

Unos días antes, el martes 17, volverán a verse las partes, aunque los representantes sindicales no se muestran muy esperanzados de que se puedan producir avances. «Es más de lo mismo, siempre hay una excusa, con el objetivo de que haya conflicto, lamentó Belmonte, quien reiteró el discurso que viene manteniendo desde el inicio de las conversaciones asegurando que «lo único que pide la plantilla es recuperar lo que ha perdido en los últimos tres años».

En definitiva, los 1.431 euros de la extinta paga de productividad (se pagó por última vez en 2013 por un importe de 867 euros) aunque prorrateada en la nómina bajo otro concepto; volver a descansar los fines de semana en vez de los domingos y otro día rotatorio; y retomar que las vacaciones se concentren entre junio y septiembre en lugar de repartirlas durante todo el año. Estas medidas, cuando fueron eliminadas hace dos años, se valoraron en menos de 6 millones de euros. Sin embargo, según los cálculos de Limasa, la aplicación de estas medidas sumarían ahora unos 7,2 millones entre pago directo a la plantilla y los costes derivados de la contratación de eventuales para tapar huecos en verano y todos los sábados.

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