El Ayuntamiento bloquea las cuentas a unas 500 familias sin recursos para cobrar multas

El día 10 de cada mes está marcado en rojo en casa de Carmen López. Con tres hijos a su cargo y tanto ella como su marido en el paro desde hace varios años, la ayuda familiar de 426 euros es el único clavo ardiendo al que esta familia puede agarrarse para «hacer el milagro» de mantenerse a flote. Con semejante situación, no resulta difícil hacerse una idea de la angustia que invadió ayer a esta vecina de Carretera de Cádiz cuando al acudir al banco para sacar el dinero que le acababan de ingresar se encontró con que el saldo estaba retenido por una orden de embargo emitida por el Ayuntamiento de Málaga para cobrarse una multa de tráfico de hace cinco años. «El dinero está, pero no se puede tocar», afirmaba Carmen con cara de circunstancias. No era la única con los nervios a flor de piel que ayer se agolpaba a las puertas del organismo de recaudación municipal (Gestrisam) para intentar evitar esta especie de corralito. En total, son más de medio millar las familias malagueñas que por idénticas circunstancias se han topado con el bloqueo de sus cuentas bancarias sin poder hacer uso del dinero del desempleo, la pensión o el subsidio pese a que estas prestaciones, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, son inembargables siempre que no superen el salario mínimo interprofesional (SMI), que este año está fijado en 648,6 euros.

¿Y por qué se hizo entonces? Según fuentes del organismo municipal, porque las notificaciones se envían a las entidades financieras en remesas (ésta en cuestión incluía a 14.200 deudores que sumaban un montante de 15,7 millones de euros) sin filtrar a los perceptores de ayudas sociales cuyos saldos son inembargables, de forma que a los deudores que tienen fondos suficientes se les resta el montante pendiente y a los que no, se les retienen sus ingresos. «Gestrisam desconoce la procedencia de los fondos y sólo a posteriori puede obtener información sobre los mismos por parte de los interesados», aseguraban fuentes municipales.

Dentro de la faena sufrida por estas familias, el mal menor es que basta con acreditar que esta prestación es la única retribución que perciben para que el Ayuntamiento levante las trabas. ¿Cuándo? Dependerá de cada caso, aunque el personal de Gestrisam aseguraba ayer a los afectados que entre hoy y, a lo sumo, el martes próximo todas las cuentas deberían quedar liberadas. En cualquier caso, la deuda se les seguirá reclamando hasta que puedan hacer frente a la misma.

En este sentido, desde el Ayuntamiento insisten en precisar que el procedimiento efectuado es una congelación del importe, no su retirada, ya que en ese caso la devolución se demoraría más de un mes. En cualquier caso, aseguran que esta actuación se ajusta «estrictamente al procedimiento legal establecido» y que lo ocurrido entra dentro de la «normalidad», salvo por el hecho de que esta vez ha coincidido con la fecha de cobro de las prestaciones públicas y ha perjudicado de una tacada a muchas más personas de lo habitual.

Indignación por las formas

Pero por muy frecuente que esta situación pueda llegar a ser, la indignación entre los afectados era más que evidente en las oficinas de Tabacalera, sobre todo por las formas. «Esto es una vergüenza. No es normal que por una multa le congelen la cuenta a una familia que apenas recibe 400 euros al mes. Que se cobren una parte proporcional de la deuda, pero no todo», se quejaba Sergio Téllez. Durante toda la mañana de ayer, el trasiego de personas fue continuo por las dependencias municipales, que se vieron colapsadas obligando a los vigilantes de seguridad a tratar de poner orden y organizar una cola para que todos las personas fueran atendidas. «Llevamos una mañana de locos», reconocía un empleado del departamento que se encarga de tramitar el cobro de las deudas tributarias por la vía ejecutiva, la última después de que el contribuyente no haya pasado por caja en el periodo voluntario ni haya solicitado acogerse a un aplazamiento o fraccionamiento del recibo.

Casi de una forma mecánica, todos hacían el mismo recorrido. «Nos han dicho que vayamos al banco y que pidamos un extracto con los movimientos de los últimos dos meses y un papel que acredite que la ayuda es el único ingreso que tenemos», explicaba Senen González, que figura en el listado de morosos después de varios recibos del IBI sin abonar. «Llevo un año sin poder pagar la hipoteca y lo próximo que me queda es perder mi casa, así que ya me dirá usted cómo voy a pagar los impuestos», se lamentaba.

Igual de crítico se mostraba Miguel Ortega, a quien la Administración local le reclama una multa de tráfico desde hace cuatro años. Este vecino reconoce que la sanción le fue notificada por correo en dos ocasiones (ése es el procedimiento habitual para informar a los afectados), pero al igual que la mayoría de los afectados aseguraba no haber tenido constancia de que la orden de embargo se fuera ejecutar. «Lo hacen para asustarnos y así obligarnos a fraccionar el pago, aunque muchas personas ni siquiera tienen capacidad económica para afrontarlo», apuntaba.